El ministro
de Economía Luis de Guindos presentó ayer en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros las líneas generales de la nueva reforma del sector
financiero. Con el decreto aprobado, el sector tendrá la
obligación de ampliar la cobertura de ampliar la cobertura de la cartera
créditos y activos no problemáticos (al corriente de pago, tanto de
intereses como de capital) desde el 7% al 52% en el caso de suelos, del 7% al
52% en el caso de promociones en curso, y del 7% al 29% en el caso de viviendas
terminadas y del 7 al 52% de los créditos sin garantía real. El total de
activos de esta cartera son unos 123.000 millones, y la provisión se acerca al
50% del total de la cartera inmobiliaria.
Esto supone unas nuevas dotaciones de 30.000
millones que las entidades tendrán que realizar antes del 31 de diciembre de
este año y que se
suman a los 54.000 que ya se aprobaron en la anterior reforma, lo que supone un
esfuerzo para todas las entidades ya que tendrán que hacerlo con cargo a la
cuenta de resultados y recursos propios. Aquellas entidades que presenten déficit de recursos
propios o de capital principal tras las nuevas provisiones exigidas tendrán que
capitalizares acudiendo bien al mercado con nuevas ampliaciones de capital o
bien al FROB a
través de los llamados bonos convertibles contingentes (cocos) que pagarán un
interés del 10% y habrá la obligación de devolución de estos en 5 años.
El Gobierno ha obligado a todas las entidades a separar el negocio
bancario del negocio inmobiliario, de forma que será
obligatorio la creación de sociedades gestionadas de forma independiente antes
del 31 de diciembre de 2012 y a la que serán pasados todos los activos
inmobiliarios, las entidades en proceso de fusión tendrán 1 año
más. El estado prevé que tendrá que aportar unos 15.000
millones de euros a través del FROB, la duda surge de la
posibilidad de que las entidades que acudan a este recurso no puedan devolver
en el plazo de 5 años, en este caso el Estado se convertiría en accionista de
estas entidades.
