El Consejo de Ministros del viernes
aprobó el Real Decreto-ley 5/2013,
de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento
activo, cuyo objetivo es avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones,
impulsar el envejecimiento activo y luchar contra la discriminación por razón
de edad en el trabajo; Además, los ciudadanos podrán compatibilizar el
cobro de la mitad de la pensión, una vez cumplida la edad legal de jubilación, y
la permanencia en el empleo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
ha destacado que con el Real Decreto-ley 5/2013 por primera vez, se adoptan conjuntamente medidas en el Ámbito de la Seguridad Social y en las políticas de empleo "para favorecer la transición entre la vida activa y la jubilación."
El texto sigue las recomendaciones del
Pacto de Toledo que invitaban a adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad
del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la
vida laboral.
En este sentido, la vicepresidenta ha adelantado que el Real Decreto-ley
introduce novedades en lo que respecta a
- la jubilación anticipada y
parcial;
- compatibilidad
entre trabajo y pensión, y
- lucha
contra la discriminación por razón de edad en el empleo.
Las pensiones están garantizadas
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el sistema
de Seguridad Social tiene unos "cimientos sólidos" y garantiza
adecuadamente el pago de las pensiones, pero tiene que reformarse para tener mayor
sostenibilidad a largo plazo.
Báñez ha indicado que el gasto en pensiones es el 10% del PIB y está
por debajo de la medida de la Unión Europea pero, debido a factores
demográficos, se podría incrementar en 3,6 puntos de ahora al año 2060, por lo
que hay que hacer reformas en el seno del Pacto de Toledo.
Tras repasar las reformas adoptadas en los años 2011 y 2012, la ministra ha
resaltado que en 2013 se pone en marcha la separación definitiva de las fuentes
de financiación del sistema seguridad social. Así, las cotizaciones
sociales pagarán a partir de este año sólo las pensiones contributivas, el
resto pasarán a pagarse vía impuestos en los Presupuestos Generales del Estado.
Esto supone, según Báñez, "un ahorro sin precedentes de 5.000 millones de
euros cada año y una aportación en este primer año de separación definitiva e
histórica de 15.000 millones de euros".
Edad real y edad legal
Fátima Báñez ha manifestado que el objetivo del Gobierno es "aproximar la
edad real de jubilación a la edad legal, hacer que la jubilación
anticipada se reserve para los trabajadores con largas carreras de cotización e
introducir mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y la vida
pasiva, es decir entre la pensión y el salario".
La ministra ha señalado que uno de cada dos trabajadores accede a la jubilación
antes de alcanzar la edad legal, lo que supone un coste para la Seguridad
Social de 7.000 millones de euros al año.
El Real Decreto-Ley 5/2013 eleva la edad de jubilación anticipada
voluntaria progresivamente de los 63 años actuales a los 65 en 2017, y la
de la jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63
en el mismo año. Se fija un periodo mínimo de cotización de 35 años en el
caso de la voluntaria y de 33 en el de la forzosa.
Respecto a la jubilación parcial, Báñez ha explicado que tiene un
coste para el sistema de 2.690 millones de euros al año. Por ello considera que
debe reconducirse a los objetivos para los que se creó: facilitar la
transmisión intergeneracional de conocimiento. Para ello se limita al 50%
la reducción máxima de la jornada con carácter general y se elevará el periodo
mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años.
La novedad más importante que introduce el texto, según la ministra, es la posibilidad
de compatibilizar trabajo y pensión. Así se abre la posibilidad de trabajar,
tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el
50% de la pensión, siempre y cuando se haya alcanzado la edad legal de
jubilación y el 100% de la base reguladora.
Por otra parte, para evitar la discriminación de edad, el Real Decreto-Ley
5/2013, establece medidas para desincentivar los despidos colectivos de
mayores de 50 años.
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