REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO, ¿SERA LA DEFINITIVA?

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El ministro de Economía Luis de Guindos presentó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las líneas generales de la nueva reforma del sector financiero. Con el decreto aprobado, el sector tendrá la obligación de ampliar la cobertura de ampliar la cobertura de la cartera créditos y activos no problemáticos (al corriente de pago, tanto de intereses como de capital) desde el 7% al 52% en el caso de suelos, del 7% al 52% en el caso de promociones en curso, y del 7% al 29% en el caso de viviendas terminadas y del 7 al 52% de los créditos sin garantía real. El total de activos de esta cartera son unos 123.000 millones, y la provisión se acerca al 50% del total de la cartera inmobiliaria.

 INFORME DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO

Esto supone unas nuevas dotaciones de 30.000 millones que las entidades tendrán que realizar antes del 31 de diciembre de este año y que se suman a los 54.000 que ya se aprobaron en la anterior reforma, lo que supone un esfuerzo para todas las entidades ya que tendrán que hacerlo con cargo a la cuenta de resultados y recursos propios. Aquellas entidades que presenten déficit de recursos propios o de capital principal tras las nuevas provisiones exigidas tendrán que capitalizares acudiendo bien al mercado con nuevas ampliaciones de capital o bien al FROB a través de los llamados bonos convertibles contingentes (cocos) que pagarán un interés del 10% y habrá la obligación de devolución de estos en 5 años.

El Gobierno ha obligado a todas las entidades a separar el negocio bancario del negocio inmobiliario, de forma que será obligatorio la creación de sociedades gestionadas de forma independiente antes del 31 de diciembre de 2012 y a la que serán pasados todos los activos inmobiliarios, las entidades en proceso de fusión tendrán 1 año más. El estado prevé que tendrá que aportar unos 15.000 millones de euros a través del FROB, la duda surge de la posibilidad de que las entidades que acudan a este recurso no puedan devolver en el plazo de 5 años, en este caso el Estado se convertiría en accionista de estas entidades.

REFORMA DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS ¿ A QUIEN BENEFICIA ?

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El Gobierno ha aprobado este viernes una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que reduce de cinco a tres años el período obligatorio del contrato de alquiler de una vivienda, mientras que la prórroga tácita, es decir, la prolongación automática del contrato cuando caduca, bajará de tres a un año. Así, la ley amparará a los inquilinos para que permanezcan en la vivienda durante un máximo de cuatro años, en lugar de los ocho años actuales.

Es una de las medidas que introduce un anteproyecto de ley que, según ha señalado la ministra de Fomento, Ana Pastor, busca "la dinamización y flexibilización" del mercado de la vivienda en alquiler, reduciendo las vinculaciones para "priorizar la voluntad de las partes frente a las obligaciones legales".

Con la nueva normativa, el inquilino podrá dejar la vivienda tan sólo avisando con un mes de antelación, mientras que hasta ahora debía hacerlo con dos meses de plazo si el contrato era de más de cinco años o pagar una indemnización, fijada por ley, si era de duración inferior a cinco años.

De la misma forma, el arrendador del piso podrá recuperarlo como vivienda habitual con sólo un mes de preaviso y sin pactarlo en el contrato, como hasta ahora, aunque se mantienen los requisitos actuales, esto es, deberá acreditar la necesidad de la casa, por causas como un divorcio o su uso por parte de un familiar de primer grado o un cónyuge. Para compensar al inquilino, se podrá pactar una indemnización.

TRANQUILOS, NO SE HA SUPRIMIDO REQUISITO DE LA LEGITIMACIÓN NOTARIAL DE FIRMAS EN EL DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES

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La aprobación de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, ha motivado que numerosos comentaristas y buena parte de la prensa jurídico-económica se hayan apresurado a destacar como una de las novedades de la Ley, la supresión de la legitimación notarial de firmas en el depósito de las cuentas anuales que corresponde realizar a las sociedades de capital. Si embargo, del texto definitivo del articulado de la Ley reformada no parece que pueda ni deducirse ni justificarse tal supresión, a la que, ciertamente, alude el Preámbulo de la Ley, pero lo que está claro es que las exposiciones de motivos o los preámbulos carecen de valor normativo, su función no puede sobrepasar la interpretativa que cabe deducir de los criterios generales que recoge nuestro Código civil (art. 3.1). Nada indica tampoco que haya sido derogado el artículo 366.1 2º del Reglamento del Registro Mercantil (RRM), que es el que impone, a los efectos de formalizar el depósito, la legitimación notarial de las firmas de la certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas.

Si la Ley 25/2011, de 1 de agosto, no ha eliminado el requisito de la legitimación notarial de las firmas, cabe concluir que sigue siendo preceptivo su cumplimiento como se contempla en el artículo 366.2 RRM, al menos, para el depósito de las cuentas en soporte en papel; porque, la presentación para el depósito en otros soportes o por otros medios, la Orden del Ministerio de Justicia JUS/206/2009, de 28 de enero, permite la presentación de las cuentas en soporte digital convencional (CD o DVD) o telemáticamente mediante el envío de los ficheros correspondientes, sin necesidad -al menos en este último caso- de firma legitimada notarialmente, bastando la firma electrónica reconocida de las personas que certifican la aprobación de las cuentas. Todo ello conforme al artículo 2 y anexo II.1.1 y II.2.1 de la referida Orden.

EMPRESARIOS Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

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La publicación en el DOG el pasado día 11 de abril de la Ley gallega de protección de los consumidores y usuarios, supuso la culminación de una pretensión largamente perseguida de actualizar y adaptar esta materia a las nuevas formas de comercialización y  prestación de bienes y servicios, y a los textos normativos estatales y comunitarios.

En ella, siempre bajo la máxima “pro consumatore” o lo que es lo mismo, aplicación e interpretación de la norma más favorable al consumidor, se consolidan muchos de los derechos ya atribuidos a éste y se consagran otros, especialmente en materia de protección de la salud y la seguridad.

Ese reconocimiento de derechos, conlleva necesariamente un gran número de obligaciones que las empresas que prestan servicios o comercializan bienes han de tener muy en cuenta, y cumplir. Así, a las ya existentes relativas a la información previa a la contratación o las que hacen referencia a la oferta, promoción y publicidad –entre otras-, se añaden unos nuevos deberes como el de diligencia, el de seguridad de los servicios prestados, la exigencia de comunicación de accidentes provocados por productos inseguros, la responsabilidad en materia de documentación, la respuesta a las reclamaciones, etc.

También como novedad para las empresas, se promueve la adopción por éstas de códigos de buenas prácticas y la implantación de sistemas de calidad.

Asimismo, destacamos, por un lado, la previsión de intensificar las labores de vigilancia y control por parte de las administraciones competentes, en relación, sobre todo, a los bienes de uso común, ordinario y generalizado –entre ellos, suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones…-, y, por otro,  la  clara elección del arbitraje y la mediación como formas de resolución extrajudicial de conflictos en esta materia.

Finalmente, recordar que la Cámara de Comercio de Vigo está presente en los Tribunales Arbitrales de Consumo en representación del sector empresarial, en todos aquellos asuntos en los que resulta designada por la Junta Arbitral de Consumo.

Ver Ley 2/2012, de 28 de marzo gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias

NO OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 2011

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Los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 € anuales cuando proceden de un solo pagador. También cuando proceden de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:

1º que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 € anuales.

2º que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el Art. 17.2 a) de la ley del impuesto y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial del Art.89.A) del Reglamento.

b) Rendimiento íntegros del trabajo, con el límite de 11.200 €.

1º) Cuando procedan de más de un pagador, siempre que el segundo y restantes, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 € anuales.

2º) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las percibidas de los padres, en virtud de decisión judicial previstas en el artículo 7, párrafo k) de la Ley

Por todo ello, se debe revisar los datos y en caso de dudas, asesorarse con profesionales colegiados que le podrán asesorar y optimizar su tributación en Renta

NOVEDADES MODELO 347 2011

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La regulación de la declaración anual de las operaciones con terceras personas se regulan en los artículos 93 y 94 de la LGT, 30 y siguientes, 117 y 118 del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio; la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.

Podemos destacar, entre las novedades más importantes y que se deberán tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de operaciones con terceras personas, las siguientes circunstancias correspondientes al año 2011:

- La información en el modelo se suministrará desglosada trimestralmente, excepto la relativa a las cantidades percibidas en metálico, que se seguirá suministrando en términos anuales, y la salvedad que se indica en la siguiente pregunta respecto a los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual de IVA.

- Los sujetos pasivos inscritos en REDEME están obligados a presentar el modelo 347, correspondiente a 2011, si realizan alguna de las operaciones incluidas en el artículo 32.1.e) del RGAT, vigente hasta el 26 de noviembre de 2011. Deben presentar el «mini» 347 de 2011, ajustado a los nuevos diseños, sin embargo no están obligados a desglosar la información trimestralmente. Estos sujetos pasivos anotarán las operaciones realizadas durante 2011 de forma acumulada en las casillas correspondientes al 4T, o a cualquier otro trimestre, es decir, deberán seguir informando del importe anual y traspasar dicho importe anual a los campos del 4T correspondientes, o a cualquier otro trimestre.

ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS LABORALES. AHORA SI AHORA NO

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Tras la entrada en vigor el pasado 31 de agosto del Real Decreto-Ley 10/2011 de Medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, comentado en nuestro boletín del pasado mes de septiembre, se estableció la suspensión temporal de los límites existentes en el encadenamiento de contratos temporales.

Sobre esta cuestión, esta nueva norma permite el encadenamiento sin límite de contratos temporales hasta el 30 de agosto de 2013, sin las limitaciones temporales habidas hasta entonces. El objeto de esta suspensión modificación es reducir el número de contratos temporales no renovados.

Es importante destacar que la modificación establecida por el RDL 10/2011, únicamente, afecta al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET), no introduciendo cambios en las letras a) y b) del artículo 15.1 que indica, expresamente, lo siguiente:

"Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y el período dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la actividad en que dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el período máximo dentro del cual se podrán realizar será de 18 meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas partes del período de referencia establecido ni, como máximo, 12 meses."

Por tanto, siempre que exista una nueva causa de contratación, podrá celebrarse un nuevo contrato de trabajo de una duración máxima de 12 meses en un periodo de referencia de 18 meses, permitiéndose por lo tanto el encadenamiento de contratos que tengan causas o motivos de contratación distintas unas de las otras, no considerándose dichos encadenamientos como contratos indefinidos.

En los casos en que los contratos de duración determinada se celebren sin una causa objetiva que fundamente la realidad de su objeto temporal, éstos serán considerados formalizados en fraude de ley, teniendo la consideración de contratos indefinidos.


Ahora bien, con la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno actual, a partir del 31 de Diciembre de 2012 se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales mas allá de los 24 meses.