viernes, 7 de octubre de 2011

VUELVE EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. PARA QUEDARSE ?


En el BOE del 17 de septiembre se ha publicado el Real Decreto-ley 13/2011 por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, eliminándose la bonificación estatal del 100% que hasta ahora se aplicaba sobre la cuota íntegra del Impuesto.
La Ley 19/1991, de 6 de junio, estableció con carácter estable un Impuesto sobre el Patrimonio, que fue exigible hasta la entrada en vigor de la Ley de 23 de diciembre de 2009, por la que, sin derogarlo, se anuló la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio mediante una bonificación del 100%.
Las circunstancias actuales y los efectos de la crisis económica hacen necesario restablecer, desde el 18 de septiembre de 2011, el Impuesto conefectos exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012 (devengando los días 31 de diciembre de cada año), cuyas declaraciones se presentarán, respectivamente, en 2012 y 2013.
No se han introducido modificaciones sustanciales en la estructura del Impuesto, que se ha reactivado eliminándose la citada bonificación.  No obstante, para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio se aumenta significativamente el límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento que se venía aplicando en el Impuesto antes de 2008, sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentan las Comunidades Autónomas.

jueves, 6 de octubre de 2011

CONTRATOS DE INTERINIDAD.UNA OPCIÓN A TENER EN CUENTA





Los contratos de interinidad suelen concertarse para cubrir algunos de estos supuestos:

a.- Sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo.
b.- Cubrir temporalmente un puesto de trabajo que está vacante en tanto en cuanto dura el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.
c.- Sustituir a un trabajador autónomo, socio trabajador o socio de trabajo de una sociedad cooperativa en el supuesto de riego durante el embarazo o en los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento.

¿Qué situaciones son las que permite que un trabajador abandone su puesto de trabajo y aún así tenga derecho a la reserva del mismo?

La legislación laboral actual contempla como situaciones que dan derecho a la reserva de los puestos de trabajo las siguientes:

a.- Procesos de incapacidad temporal.
b.- Maternidad, paternidad, riesgo por embarazo, riesgo durante la lactancia natural, adopción o acogimiento.
c.- Excedencia por cuidado de hijos.
d.- Excedencia forzosas.
e.- Descansos, permisos, vacaciones, etc., siempre y cuando esté previsto en el convenio colectivo que es de aplicación a la empresa.
f.- Por mutuo acuerdo entre las partes.
g.- Por alguna de las causas que estén válidamente consignadas en el contrato de trabajo.
h.- Seguridad de las víctimas de violencia de género.

Reforma de la Ley de Sociedades de Capital - A modificar los estatutos


El 2 de octubre entra en vigor la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (BOE del 2 de agosto).

La Ley introduce importantes novedades en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; algunas de esas novedades conllevan la necesidad o la conveniencia para las sociedades de capital de modificar sus estatutos. Sintéticamente enumeramos las más significativas:


1.- En las sociedades anónimas los estatutos habrán de expresar ahora –igual que venía ocurriendo para las sociedades limitadas- «el modo o modos de organizar la administración de la sociedad». Hasta ahora los estatutos de las sociedades anónimas sólo debían establecer un tipo de órgano de administración, con lo que cualquier cambio posterior en la forma de administrar exigía la modificación de estatutos. La reforma del artículo 23 TRLSC facilitará –con la previsión estatutaria correspondiente- los cambios en el tipo de administración de las sociedades anónimas, al igual que se facilitaba ya en las sociedades limitadas.

2.- El plazo que han de tener los administradores para convocar la Junta general para su celebración cuando lo hayan solicitado uno o varios socios que representen el 5% del capital social, será de dos meses. No ya de solo un mes, como descuidadamente se venía manteniendo en el párrafo segundo del artículo 168 TRLSC, en abierta incoherencia desde la modificación del antiguo artículo 97 TRLSA que amplió a un mes el plazo entre la convocatoria y la celebración. La reforma actual de aquel artículo 168 obligará a modificar los estatutos que, en su momento, inevitablemente tuvieron que reproducirlo.

3.- Parece aconsejable que los estatutos establezcan la forma de convocatoria de la Junta general. La reforma del artículo 173 TRLSC extiende a las sociedades anónimas (salvo las cotizadas y las que tengan acciones al portador) las facilidades que para la convocatoria de la junta general se establecían ya para las sociedades de responsabilidad limitada. No obstante, los estatutos deben ajustarse a alguno de los medios de convocatoria que se prevén en el artículo 173.2. Si los estatutos no regulan la forma de convocatoria ésta se realizará mediante anuncio publicado en el BORM y en la página web de la sociedad. Si no tuviera página web (la creación corresponde a la Junta general conforme al nuevo artículo 11 bis TRLSC) la convocatoria se publicará en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en que esté situado el domicilio social.

4.- Con la modificación del artículo 197.4 TRLSC, los estatutos pueden fijar un porcentaje entre el 5% y 25% del capital para que no proceda denegar el derecho de información de los accionistas en la Junta general. Hasta ahora se permitía a los socios fijar en los estatutos el porcentaje que quisieran para que no procediera la denegación de ese derecho de información.

5.- Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada que, conforme al artículo 245 TRLSC, hayan establecido la organización y funcionamiento del consejo de administración, deberán adaptarse a lo que, de modo imperativo, se dispone ahora en el reformado artículo 246.1 TRLSC: el consejo de administración será convocado por el presidente o el que haga las veces (como ya se decía para el caso de la sociedad anónima); y en el artículo 246.2 TRLSC: los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes (apartado éste novedoso ahora también para las sociedades anónimas).

6.- Los estatutos de la sociedades anónimas pueden, con el consentimiento de todos los socios, incorporar causas determinadas de exclusión de socios (pudiendo modificarse o suprimirse después con los mismos requisitos). La reforma del artículo 351 TRLSC así lo posibilita para todas las sociedades de capital. Ello supone una gran innovación para las sociedades anónimas, en la medida en que se admite la posibilidad de incorporar causas de exclusión, hasta ahora reservada a las sociedades de responsabilidad limitada.

7.- La reforma del artículo 376 TRLSC unifica el régimen de nombramiento de los liquidadores para todas las sociedades de capital. Ahora habrá de tenerse en cuenta que en todas las sociedades de capital rige, en primer lugar y como ya ocurría antes, lo que establezcan los estatutos, pero si nada dicen los estatutos, los liquidadores parece –la redacción del 376.1 es equívoca- que los nombrará la Junta general y si no los nombra, los administradores quedarán convertidos en liquidadores.

8.- La reforma del artículo 443 TRLSC ha redondeado las cifras de capital mínimo (3.000 €) y máximo (120.000 €) de la sociedad nueva empresa, hasta ahora cifrados en 3.012 € y 120.202 €, respectivamente. Aunque probablemente no haya muchos casos, ello supondrá que la sociedad nueva empresa que haya optado por la cifra máxima del capital social entonces prevista, tendrá que reducirlo hasta el máximo ahora permitido para mantener la categoría.

9.- En lo que concierne a las sociedades cotizadas, éstas habrán de adecuar sus estatutos a las previsiones que ahora se establecen para la armonización de nuestro Derecho a lo dispuesto en la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio. Así ha de suceder con las formalidades y contenidos de la convocatoria de la Junta general y con las reglas de su funcionamiento (derecho de información, participación a distancia, participación por representante, conflicto de intereses, ejercicio del voto por administradores en caso de solicitud pública de representación).

viernes, 27 de mayo de 2011

LEY 10/2010 PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES



La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica, mediante obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Entre otros, son sujetos obligados de las obligaciones establecidas en la presente Ley los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, los notarios y los registradores de la propiedad, los abogados, procuradores y profesionales independientes cuando participen o asesoren operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles.

Entre otras se impone la obligación a los sujetos anteriores de, con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de cualquier operación, comprobar la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes. Éstos deberán identificar al titular real, entendiéndose por titular real a los efectos de la presente norma, entre otros supuestos, a aquella persona física que represente o controle un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica.

Se imponen unas medidas reforzadas de diligencia debida para supuestos de operaciones de alto riesgo, cuando se contrate con personas con responsabilidad pública, considerándose aquéllas que hayan desempeñado en Estados miembros de la Unión Europea o terceros países determinadas funciones públicas, incluyendo a familiares y allegados. En este caso se deben adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que se pretenda llevar a cabo los negocios u operaciones.

Se establecen también unas obligaciones de información; en particular los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento complejo, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente o que presente indicios de simulación o fraude. En este caso deberán comunicar por propia iniciativa estos hechos al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, absteniéndose obviamente de ejecutar cualquier operación de las anteriormente mencionadas.

Se establece que los sujetos obligados, sus directivos y sus empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al servicio ejecutivo de la Comisión.

Como obligaciones de carácter formal se establece que los sujetos obligados conservarán por un período mínimo de diez años la documentación en la que se formalicen las operaciones, y también almacenarán las copias de los documentos de identificación en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad.

En materia de formación a los sujetos obligados se les impone adoptar las medidas oportunas para que los empleados tengan conocimiento de las exigencias establecidas en la presente Ley.

En relación a los medios de pago se eleva la obligación de declarar aquellos movimientos por el territorio nacional por importe igual o superior a 100.000 euros; y por último del amplio régimen de infracciones y sanciones responderán no solamente los administradores y directivos, sino en el caso de sociedades disueltas los socios solidariamente hasta el límite de lo que hubieran recibido en la liquidación de la sociedad.


REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERIA



El Consejo de Ministros del pasado 15 de abril, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, aprobó el proyecto de Real Decreto sobre Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, más conocida como Ley de Extranjería.Este reglamento, constituye una pieza importante de la política de inmigración del Gobierno, y consolida un modelo de inmigración regular, ordenado y vinculado al mercado de trabajo.


El texto desarrolla los mecanismos de gestión previstos en la reforma de Ley Orgánica 4/2000 que el mismo Gobierno impulsó y las Cortes Generales aprobaron hace poco más de un año (Ley Orgánica 2/2009), y pone los medios para hacer efectivos el fortalecimiento de la cohesión social, la integración y la igualdad de derechos y deberes.


Esta nueva normativa pretende dar respuesta a los retos del nuevo ciclo migratorio, culminar la transposición de la normativa comunitaria en materia de inmigración y garantizar mayor rigor, objetividad y transparencia en los procedimientos administrativos de extranjería.


Además, detalla los criterios necesarios para los trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros, agiliza los procedimientos e introduce las nuevas tecnologías en las tramitaciones.


Movilidad y promoción del retorno voluntario


El nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería establece mecanismos para fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los ciudadanos extranjeros a sus países de origen. Así, para quienes se acogen a estos programas determina un procedimiento más ágil y con más garantías.


Mayor rigor ante incumplimientos en la contratación


Por otro lado, el Reglamento también exige mayor estabilidad a los contratos entre empleadores españoles y trabajadores extranjeros. De este modo, la norma impide al empleador que no haya cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes.


En diálogo con las administraciones y la sociedad civil


El nuevo Reglamento ha llegado al Consejo de Ministros tras el trámite de audiencia e información pública, y habiendo sido consultado con el Consejo de Estado. El texto ha sido objeto de acuerdo en la mesa de diálogo social y ha sido sometido a un amplio proceso de diálogo, tanto con las Administraciones como con la sociedad civil.

EXIGIBILIDAD DE LA EXACCION.RECURSO CAMERAL PERMANENTE

Desde el día 3 de diciembre de 2010 se eliminó la obligatoriedad del recurso cameral permanente, si bien se introdujo un régimen transitorio para el año 2010, evacuando al respecto la Dirección General de Tributos un informe con fecha 8 de marzo pasado centrado en el mencionado régimen transitorio y en dos situaciones que pueden producirse, cuales son las exacciones que no hayan sido exigibles el 3 de diciembre de 2010 y la de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades con cifra de negocios igual o superior a diez millones de euros en el ejercicio anterior.


Los aspectos más relevantes del mencionado informe son los siguientes:El recurso cameral permanente tiene la naturaleza de exacción parafiscal integrado por tres exacciones independientes entre si: el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y el IS (Impuesto sobre Sociedades).



En cuanto al devengo, en la normativa vigente hasta el 03-12-10 el mismo coincidía con la de los impuestos a los que se refiere.Respecto al IAE, su devengo se produce el 1 de enero, motivo por el cual en tal día es exigible el recurso cameral permanente, con independencia de los plazos de gestión. Así, el recurso cameral permanente vinculado al IAE ya era exigible el 03-12-10, por lo que no le resulta de aplicación la excepción a su exigibilidad para el ejercicio 2010.


Respecto al IRPF e IS, como no se ha devengado el 03-12-10, tampoco se han devengado las exacciones del recurso cameral permanente vinculadas a los mismos, por lo que no es susceptible de exigibilidad, salvo en el caso de sujetos pasivos del IS con cifra de negocios igual o superior a 10 millones de euros en el ejercicio anterior.

miércoles, 25 de mayo de 2011

EFECTOS DE LA LEY DE MOROSIDAD EN LA FACTURACION



*Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
*Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


La Comisión Fiscal de CEOE, ha estado trabajando en la resolución de una controversia que se suscitó en septiembre del año pasado en el ámbito de la Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la regulación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medias de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley de Morosidad).



La problemática surgía sobre la interpretación a propósito de los plazos para la remisión de facturas entre el Reglamento de Facturación (aprobado por el Real Decreto 1496/2003 que regula las obligaciones de facturación y modifica el reglamento del IVA), y la Ley de Morosidad (Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).



De acuerdo con el Reglamento de Facturación, el plazo máximo comprendido entre la realización de una operación y la fecha de remisión de la factura al destinatario establecido es de dos meses naturales. Sin embargo, la Ley de Morosidad establece la obligación de remitir las facturas a los destinatarios en el plazo de treinta días desde la realización de la operación, por lo que el plazo máximo comprendido entre la realización de una operación y la fecha de remisión de la factura al destinatario quedaría restringido a treinta días.



Teniendo en cuenta la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico español prevalece la aplicación de la Ley en caso de contradicción con una norma reglamentaria, y por tanto, supondría una modificación sustancial de las obligaciones de facturación de los empresarios a través de la Ley de Morosidad, que, de acuerdo con el criterio de nuestras organizaciones empresariales y de la Comisión Fiscal de CEOE, extralimitaría el objeto de la propia Ley que no es otro que trasponer al ordenamiento jurídico española la Directiva Comunitaria 2003/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.



Para dar respuesta a la controversia se planteó una consulta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda sobre si el plazo para remitir la "factura o solicitud de pago equivalente" de la Ley de Morosidad suponía una reducción de los plazos de remisión de facturas establecidos a los sujetos pasivos del IVA.



La respuesta de la Dirección General de Tributos de 27 de abril de 2011, asume la postura planteada por la CEOE: la aprobación de la Ley 15/2010 no interfiere en la vigencia y efectividad de las obligaciones de facturación a las que están sometidos, en todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto en aplicación del Reglamento de Facturación.



Por lo expuesto, adjuntamos nota elaborada por el Área Fiscal del Departamento de Economía de la CEOE, que explica las gestiones realizadas, así como copia de la respuesta de la propia Dirección General de Tributos.