Blog de Asesoramiento de Empresas

REFORMA LABORAL 2012 - PARTE IV

2012-02-14T07:52:00.002+01:00

4.- OTRAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL DECRETO DE INTERESEMPRESARIAL.

Resto del articulado del Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos17 al 19)

Control y lucha contra el fraude: Lucha contra el fraude activandomecanismos que permitan combatir el fraude y la economía sumergida, para ellose propone:

· Cumplimientoestricto de la Ley: Plan especial de la Inspección de Trabajo y SeguridadSocial.

· Seimpulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicenservicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de conveniosde colaboración con las Administraciones públicas.

· Absentismo.El objetivo es combatir comportamientos individuales de absentismoinjustificado que ocasionan a la empresa un elevado coste económico yorganizativo. Se propone mejorar la eficacia de la evaluación de la incapacidadtemporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo.

Autoempleo para jóvenes: Capitalización de la prestaciónpor desempleo, conocido popularmente como PAGO UNICO DESEMPLEO que desde laentrada en vigor del presente decreto se posibilita la capitalización del 100por 100 de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeresde hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.

Otras medidas de menor interéscontenidas en la norma:

- Adaptaciónde la nueva Ley 36/2011 de 10 de Octubre Reguladora de la Jurisdicción Socialal contenido del Decreto

- Indemnizacionesa directivos de entidades de crédito

- Indemnizacionesdel personal directivo del sector público estatal

REFORMA LABORAL 2012 - PARTE III

2012-02-14T07:48:00.002+01:00

3.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA EFICIECIA DEL MERCADO DETRABAJO Y REDUCIR LA DUALIDAD LABORAL Capitulo IV – Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos 17 al 19)

Se busca armonizar nuestralegislación con la de los países de nuestro entorno y lograr una mayor eficaciadel mercado de trabajo, de tal forma que se fomente claramente la contrataciónindefinida y, por tanto, se evite la dualidad laboral, a la que se alude en todo el texto legal entre trabajadores temporalessin protección y fijos/indefinidos excesivamente protegidos.

Las principales características dela regulación de la Extinción de la relación laboral por causas empresarialesen la reforma son:

· Seclarifican las causas del despido para evitar la excesiva judicialización, sinembargo desaparece el DESPIDO EXPRESS con lo cual la empresa no podra reconocerdirectamente la improcedencia de un despido sino que deberá justificar la causadel mismo siempre so pena de nulidad. Los acuerdos se alcanzaran en vía deconciliación si el trabajador los admite y no quiere judicializar su caso.

· Seelimina la autorización administrativa previa para los ERE´s, en línea con lapráctica de los países europeos.

· Seabre la posibilidad de que los organismos y entidades que forman parte delsector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y deproducción.

Y lasprincipales novedades en la regulación del DESPIDO contenidas en lareforma:

· Apartir de la reforma, se generaliza la indemnización por la extinción delcontrato indefinido a 33 días por año trabajado en caso de despidoimprocedente, con un máximo de 24 mensualidades. Esta nueva indemnizaciónse aplica con carácter general SÓLO a los nuevos contratos; ya que se establececlaramente que se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores:para los contratos antiguos, la nueva indemnización sólo será de aplicaciónpara el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de lapresente norma. Estos contratos conservan el derecho a obtener unaindemnización de hasta 42 mensualidades.

· Laindemnización por la extinción del contrato indefinido será de veinte díaspor año trabajado en caso de despido procedente por causas objetivas, con unmáximo de doce mensualidades y el legislados define claramente que seentiende por motivos objetivos para evitar las discusiones doctrinales yjurisprudenciales. Sobre todo se considera causa económica: disminuciónpersistente de su nivel de ingresos o ventas durante tres trimestresconsecutivos.

· ElFondo de Garantía Salarial sólo cubrirá la extinción de los contratos pordespidos procedentes en Pymes, excluyendo a otro tipo de empresas y despidos.

· Serefuerza el derecho a la formación: se exige que el empresario, cuando lleve acabo una modificación técnica a la que se deba adaptar el trabajador, leofrezca un curso para que pueda formarse. Dicho periodo formativo suspende elcontrato y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir altrabajador por falta de adaptación si antes se ha facilitado esta formación sinresultados.

· Seclarifica algo mas también el concepto faltas de asistencia al trabajojustificadas pero intermitentes como causa de despido objetivo, ya que seelimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantillapara justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo setendrá en cuenta el absentismo del trabajador.

· Seincorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100 trabajadores dearticular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, almenos, seis meses.

REFORMA LABORAL 2012 - PARTE II

2012-02-14T07:42:00.001+01:00

2.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LOSTRABAJADORES

Capitulo III – Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos 8 al16)

Clasificación profesional y movilidad funcional. Se elimina el rígido sistema declasificación de trabajadores por categorías profesionales y se generaliza elsistema de grupos profesionales: definidos ampliamente favorecen la movilidad internay suponen una oportunidad para que el trabajador adquiera experiencia en otrosámbitos de actividad donde sus habilidades pudieran ser semejantes o, incluso,mayores. Por ejemplo, dentro de un determinado grupo profesional, un trabajadorpodrá desempeñar diferentes funciones y puestos en una misma empresa...

Mejora de la movilidad y facilidadpara la modificación de condiciones detrabajo:

· Movilidadgeográfica, con condiciones objetivas para seleccionar a aquellos trabajadorescon menores cargas familiares.

· Sefacilita que un empresario pueda modificar la jornada de trabajo, el horario ysistema de rendimiento, entre otros.

Con el objetivo de evitar eldespido, se simplifican los trámitespara reducir la jornada de trabajo o suspender el contrato como mecanismode ajuste ante situaciones de disminución de la demanda. Se elimina laautorización administrativa necesaria para llevar a cabo la medida, continuaexistiendo un procedimiento administrativo de comunicación pero ya no sometidoa autorización de ERE´s de reducción de jornada de trabajo o suspensión decontratos limitados en el tiempo.

Para ayudar a las empresas ensituaciones económicas adversas, se establece una bonificación del 50 por 100de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectadospor la suspensión o reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo ycondicionada a la estabilidad en el empleo (al menos, un año).

Si la empresa extingue finalmentelos contratos, los trabajadores no ven mermado su derecho a la prestación pordesempleo, ya que se establece la reposición de las prestaciones (contador 0)hasta un máximo de 180 días. Por ejemplo, si una empresa suspende los contratosde trabajo o reduce la jornada de trabajo, los trabajadores perciben laprestación por desempleo durante el tiempo que dure la medida. En el caso deque la empresa no supere la situación y tenga que extinguir de forma definitivalos contratos, el trabajador tiene derecho a que se le repongan los días de suprestación por desempleo consumidos durante la suspensión.

Negociación colectiva: En la línea de ahondar en laflexibilidad interna de las empresas, que haga que el despido sea el últimorecurso se acomete una reforma de la negociación colectiva:

· Seintroduce la prioridad de los convenios de empresa, de forma que,independientemente de lo que se pacte a nivel superior, los representantes delos trabajadores y el empresario pueden consensuar un convenio de empresa quese adapte a sus necesidades y particularidades. Este acuerdo tendrá prioridadsobre cualquier otro.

· Facilitara las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior(descuelgue): en caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la soluciónextrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje si lo han pactado en elconvenio colectivo. De no ser así, cualquiera de las partes podrá elevar eldesacuerdo a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o susequivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo deveinticinco días.

· Parafavorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberánnegociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años. A partir de esafecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a laultractividad indefinida de los convenios.

REFORMA LABORAL 2012-PARTE I

2012-02-14T07:36:00.001+01:00

1.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LOSTRABAJADORES

Capitulo I y II– Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos 1 al7)

Se autoriza a las Empresas deTrabajo Temporal para actuar como agencias privadas de colocación (colaboraciónpúblico-privada), ya que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidaspor todo el territorio y con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Enningún caso las Empresas de Trabajo Temporal cobrarán a los trabajadores.

Derecho a la formación. Se introduce el derecho a la formación de los trabajadorescon más de un año de antigüedad a un permiso retribuido de veinte horas anualesde formación, acumulable hasta tres años. El contenido de la actividadformativa debe estar vinculado al puesto de trabajo, se podrá recibir en laempresa si cuenta con medios o de forma externa por empresas especializadas yreconocidas por la Administración Laboral y Educativa. Asimismo se creapendiente de desarrollo normativo posterior: Una cuenta formación en la que serecogerá la formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida activa yun Cheque-Formación que acompañara toda la vida del trabajador.

Impulso del CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE para aquellostrabajadores mayores de 16 años y menores de 25 años que carezcan de unacualificación profesional reconocida oficial para acceder al contrato deprácticas, que se amplia hasta los 30 años como máximo hasta que la que la tasade desempleo no baje del 15 por 100 ennuestro país. El resto de sus características de contratación siguen igualsalvo que se clarifica la posibilidad de que tras agotar un período deformación en una actividad, el trabajador podrá utilizar esta modalidad decontrato en otros sectores, lo que mejora su empleabilidad y permite unasegunda oportunidad. El trabajador podrá recibir la formación en la propiaempresa, si dispone de instalaciones y personal adecuado. Se fijan las siguientes bonificaciones deseguridad social para este tipo de contratos:

Þ Reducción100% cuotas seguridad social empresas menos de 100 trabajadores y del 75% enlas de plantilla igual o superior a esa cifra durante toda la duración delcontrato, incluida su prorroga.

Þ Siestos contratos se transforman en Indefinidos tendrán derecho a una reducciónde cuotas a la seguridad social de 1500,00 euros/año durante 3 años (1800,00 sies una mujer).

Estabilidad laboral objetivo es promover lacontratación indefinida, especialmente en favor de los jóvenes:

CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES. Se trata de un nuevo contratoindefinido para Pymes y Autónomos (empresas de hasta cincuenta trabajadores). Susprincipales características son:

· Eneste contrato tendrá un período de prueba de un año, lo que facilitará lacontratación indefinida por parte de las PYMES y Autónomos

· Laempresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000,00 euroscuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de treintaaños.

· Losemprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán deducirsefiscalmente el 50 por 100 de la prestación por desempleo que viniera cobrandoel trabajador durante un año. Por su parte, el trabajador podrá voluntariamentepercibir, junto con su sueldo, el 25 por 100 de la prestación por desempleodurante el mismo periodo.

· Bonificacionesdirigidas a colectivos desempleados con especiales dificultades para suincorporación al mercado laboral.

Contratación de jóvenes: bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta3.600 euros a la contratación indefinida de jóvenes entre dieciséis y treintaaños durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta laantigüedad del trabajador: Un año: 1.000 euros // Dos años: 1.100 euros // Tresaños: 1.200 euros Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador es mujeren sectores donde este colectivo está poco representado.

Contratación de parados de larga duración: bonificación de hasta 4.500euros a la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de45 años (desempleados, al menos, 12 meses de los 18 anteriores): Un año: 1.300euros // Dos años: 1.300 euros // Tres años: 1.300 euros. Cuando los contratosse concierten con mujeres en sectores donde este colectivo está pocorepresentado, las bonificaciones indicadas se elevan a los 1.500 euros.

Otras bonificaciones de seguridad social menores para la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevoy de sustitución para Pymes (empresas de menos de 50 trabajadores) y autónomos: 41,67 euros/mes durante tres añosy de 58,33 euros/mes en caso de mujeres.

Limitación del encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de diciembre de2012 se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales más allá delos veinticuatro meses para cualquier modadilidad contractual temporal (temporales,eventuales, obra o servicio, etc.…)

Modificación del contrato a tiempo parcial. Impulso a la utilización de este tipode contrato mediante dos medidas concretas: Se admite la posibilidad de que serealicen horas extraordinarias en este tipo de contratos y se regula comoabonarlas y cotizarlas. Se regula de forma concreta el fomento de laconciliación de la vida laboral y familiar mediante esta figura contractual yotras medidas de apoyo legislativo.

Regulación del Teletrabajo. Se regula por primera vez en España el Teletrabajo,salvaguardando el derecho a la formación de estos trabajadores. Se garantiza elderecho a una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial enel centro de trabajo y a ser informados de las vacantes en puestos preséncialesexistentes.

REFORMA LABORAL 2012

2012-02-14T07:32:00.001+01:00

El Consejo de ministros aprobó el pasado viernes el RealDecreto Ley 3/2012 de 10 de Febrero de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercadode Trabajo que entro en vigor el 12 de febrero de 2012 y establece el nuevomarco jurídico de las relaciones laborales en nuestro país. Independientementede las opiniones políticas y sindicales que la misma está originando y siendoconscientes de las posibles modificaciones que su discusión parlamentaria puedasuponer en la convalidación del mismo; la importancia del mismo y su inmediataaplicación a nuestro mercado de trabajo exige conocer las principales novedadesque introduce el mismo.

El objetivo de la presente circular es simplemente darlesa conocer las principales novedades y modificaciones contenidas en la REFORMADEL MERCADO LABORAL aprobada; tengan en cuenta que estamos procediendo a informarlesescuetamente y de forma sencilla del mismo recién publicada la norma y portanto sometemos a un análisis jurídico más riguroso su completo conocimiento yaplicación.

Objetivos de la reforma

Los objetivos de la reforma son los siguientes:

· Frenar en el corto plazo lasangría de destrucción de empleo que está sufriendo España y poner las basespara la creación de empleo estable lo antes posible.

· Apostar por el empleo de calidadque rompa la dualidad del mercado de trabajo; temporales sin apenas protecciónfrente a indefinidos excesivamente protegidos laboralmente.

· Poner en marcha mecanismosefectivos de flexibilidad interna en las empresas para promover elmantenimiento del empleo.

· Modernizar la negociacióncolectiva para acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores.

· Reconocer un nuevo derechoindividual de los trabajadores a la formación.

· Elevar las oportunidades de laspersonas desempleadas, con particular atención a los jóvenes y los parados delarga duración.

· Sumar los esfuerzos de todosaquellos que pueden colaborar en la búsqueda de un puesto de trabajo: lasempresas de trabajo temporal adquiere una nueva competencia como agencias decolocación privadas.

· Apoyar a los autónomos y Pymes,proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambioseconómicos.

· Reforzar los mecanismos de controly prevención del fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo, a travésde la imposición de trabajos de colaboración social de cumplimientoobligatorio.

· Combatir el absentismo laboralinjustificado mediante un control más riguroso y estricto del mismo por lasMUTUAS LABORALES.

Dividiremos las Medidas más destacadas en 4 bloques que explicaremos en los siguientes artículos:

1.-MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LOSTRABAJADORES

Capitulo I y II– Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos 1 al7)

2.-MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LOSTRABAJADORES

Capitulo III – Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos 8 al16)

3.-MEDIDAS PARA FAVORECER LA EFICIECIA DEL MERCADO DETRABAJO Y REDUCIR LA DUALIDAD LABORAL Capitulo IV – Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos 17 al 19)

4.- OTRAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL DECRETO DE INTERESEMPRESARIAL.

Resto del articulado del Real Decreto Ley 3/2010. (Artículos17 al 19)

PRACTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS

2012-01-31T18:55:00.001+01:00

El pasado 18 de Noviembre se publico en el BOE el REAL DECRETO 1543/2011, por el que se regulan las prácticas no laborales, acercade las cuales les informamos:

Podrán participar las empresas que suscriban Convenios con los Servicios Públicos de Empleo
La pre selección de los jóvenes participantes la hace inicialmente el Servicio Público de Empleo, aunque en definitiva, es la Empresa la que hará la selección final.
Las prácticas no laborales irán dirigidas a determinadas categorías, que especificamos mas adelante.
La duración de estas practicas, que NO SUPONDRA, en ninguna caso, LA EXISTENCIA DE RELACION LABORAL, irá de tres a nueve meses.
Los jóvenes participantes recibirán de la Empresa una beca de apoyo, cuya cuantía será, como mínimo, del 80 % del IPREM mensual (actualmente 426 euros/mes).
Se tramitara su alta en la Seguridad Social, con un coste de cotización mensual de 34,51 euros a cargo de la empresa y 6,05 euros a cargo del trabajador.
Las prácticas se desarrollaran en los centros de trabajo de la Empresa, bajo la dirección y supervisión de un tutor.
A la finalización de las prácticas, se entregara al participante un certificado en el que conste, al menos, la práctica realizada, los contenidos formativos, su duración y periodo de realización.
A la finalización de las prácticas, se entregará al participante un certificado en el que conste, al menos, la práctica realizada, los contenidos formativos, su duración y período de realización.
Tanto durante el programa de prácticas como a su finalización, la Empresa puede decidir la contratación del joven, bajo cualquiera de las modalidades vigentes, pudiendo acogerse a los incentivos de contratación que existan en la legislación.

RELACION LABORAL DE CARACTER ESPECIAL DEL SERVICIO DEL HOGAR. POR FIN REGULADO ¡¡

2012-01-02T11:41:00.000+01:00

Ámbito de aplicación

Se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que conciertan el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de algunas de sus partes, el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las personas que forman parte del ámbito doméstico o familiar, y otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como los de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.

Quedan excluidas de esta regulación, las concertadas a través de empresas de trabajo temporal o las relaciones de los cuidadores, tanto profesionales como no profesionales, respecto de las personas en situación de dependencia.

Contrato de trabajo

Las principales novedades en esta materia son las relativas al ingreso al trabajo, permitiendo, junto a la contratación directa y la utilización del servicio público de empleo, la intervención de agencias de colocación debidamente autorizadas, garantizando, en todo caso, la ausencia de discriminación en el acceso al empleo.

El contrato de trabajo podrá celebrarse por escrito o de palabra. En defecto de pacto escrito, el contrato de trabajo se presumirá concertado por tiempo indefinido y a jornada completa cuando su duración sea superior a cuatro semanas, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios. Obligatoriamente deberán celebrarse por escrito los contratos de duración determinada cuya duración sea igual o superior a cuatro semanas.

En el contrato, además de incluir los elementos esenciales establecidos en el Real Decreto 1959/1998, de 24 de julio, deberán contener la siguiente información:

1. Las prestaciones salariales en especie, cuando se haya convenido su existencia.

2. La duración y distribución de los tiempos de presencia pactados, así como el sistema de retribución o compensación de los mismos.

3. El régimen de las pernoctas del empleado de hogar en el domicilio familiar, en su caso.

En cuanto a la duración, se incorpora la regla general de la presunción del carácter indefinido del contrato desde el inicio de la relación laboral, remitiendo también a la regulación general del Estatuto de los Trabajadores los supuestos en que puede concertarse un contrato de duración determinada en atención al principio de causalidad.

Salario, tiempo de trabajo y otros aspectos

En relación con el salario, se incluyen varias novedades en relación con la situación anterior: Por una parte, se garantiza la retribución en metálico del salario, en cuantía no inferior al salario mínimo interprofesional, en proporción a la jornada de trabajo. En cuanto a la retribución en especie, se equipara el porcentaje máximo de prestaciones en especie al 30% del salario total. Los incrementos salariales habrán de fijarse de común acuerdo por las partes, si bien, a falta de pacto, se aplicará el incremento que conste en la estadística de los convenios colectivos del mes en que deba efectuarse la revisión.

Las principales novedades en materia de tiempo de trabajo son:

1. El horario se fijará de común acuerdo entre las partes.

2. Se incrementa el descanso entre jornadas que se fija en doce horas

3. Se establece el carácter consecutivo del disfrute del descanso semanal, de treinta y seis horas

4. Se aplica, en materia de disfrute de permisos, el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

La jornada máxima semanal será de 40 horas de trabajo efectivo, excluyendo los tiempos de presencia que pudiesen acordarse, aun así, las horas de presencia no podrán exceder de 20 horas semanales de promedio de un periodo de referencia de un mes.

Por lo que respecta a las vacaciones, se mejora su régimen fijando reglas para la determinación de los periodos de disfrute de las mismas, clarificando asimismo que corresponde al trabajador decidir libremente sobre los lugares en los que desea permanecer durante sus vacaciones, sin tener obligación de acompañar a la familia o a las personas que convivan en el hogar.

Se reconoce expresamente que los tiempos de presencia que se pacten entre las partes han de ser compensados con tiempos de descanso equivalente u objeto de retribución en los términos que se acuerden, si bien el módulo de retribución económica no podrá ser inferior al de las horas ordinarias. Igualmente, se incorpora al texto del real decreto la aplicación en materia de tiempo de trabajo de los límites establecidos para los menores de dieciocho años en el Estatuto de los Trabajadores.

Extinción del contrato y desistimiento

La relación se extinguirá se extinguirá conforme a lo establecido en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, con las salvedades que en el mismo se establecen en relación con el despido disciplinario y el desistimiento, como modalidad específicamente aplicable a esta relación laboral especial.

En los supuestos que la jurisdicción competente declare el despido improcedente, las indemnizaciones, que se abonarán íntegramente en metálico, serán equivalentes al salario correspondiente a 20 días naturales multiplicados por el número de años de servicio, con el límite de doce mensualidades.

Por lo que al desistimiento se refiere, se incluyen dos modificaciones que mejoran la regulación hasta ahora vigente, en un sentido más protector y garantista de los derechos del trabajador. Por una parte, se exige la comunicación por escrito de la decisión del empleador de desistir de la relación laboral, con manifestación clara e inequívoca de que la causa de la extinción del contrato es el desistimiento y no otra; en segundo lugar, se incrementa la indemnización en este supuesto, pasando de 7 a 12 días por año de servicio, con el límite de 6 mensualidades.

NOTAS A TENER EN CUENTA EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES PARA EL CIERRE

2012-01-02T11:12:00.000+01:00

LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN

Todas las entidades, sin necesidad de mantener o crear empleo, pueden amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias puestos a disposición durante el ejercicio 2011. Este beneficio de libertad de amortización, será aplicable para todas las inversiones realizadas hasta el año 2015.

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DEL FONDO DE COMERCIO FINANCIERO (FCF) EN ENTIDADES NO RESIDENTES

El importe deducible del FCF está limitado al 1 por 100, como máximo, de su valor durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013 (antes era del 5 por 100).

COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS (BINS)

Para las empresas cuyo volumen de operaciones en los doce meses anteriores al inicio del ejercicio (normalmente en el ejercicio 2010) hayan superado los 20 millones de euros, se establece un límite al importe de las BINs a compensar, siendo los importes máximos los siguientes:
Facturación (millones de euros) Importe máximo de la BIN compensable en el ejercicio
Hasta 20 100 por 100 (=) BI previa a la compensación
Más de 20 y menos de 60 75 por 100 BI previa a la compensación
Igual o superior a 60 50 por 100 BI previa a la compensación

Como consecuencia de esta limitación puede producirse tributación por el Impuesto sobre Sociedades aún en el supuesto de existir BINs pendientes de compensación que excediesen la base imponible del ejercicio.

Esta medida resultará de aplicación para los periodos impositivos iniciados dentro de 2011, 2012 y 2013.

El plazo de compensación de los saldos de BINs a 1 de enero de 2012 se amplía a 18 años para todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su cifra de negocios.

TIPO IMPOSITIVO

Los tipos impositivos aplicables son los siguientes:
Tipo general: 30%.
Empresas de reducida dimensión:
Tramo de base imponible Tipo impositivo
Hasta 300.000 € (antes 120.202,41 €) 25%
A partir de 300.000,01 € 30%
A título de recordatorio, son empresas de reducida dimensión aquellas que en el ejercicio anterior hayan tenido una cifra de negocio de hasta 10 millones de euros (hasta 2010 eran 8 millones de euros). Este régimen especial seguirá siendo aplicable en los tres periodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél en que se alcance el umbral de los 10 millones de euros.

MANTENIMIENTO DE EMPLEO RESPECTO A LA CIFRA MEDIA DE EMPLEADOS EN EL AÑO 2008:

Tramo de base imponible Tipo impositivo
Hasta 300.000 € 20%
A partir de 300.000,01 € 25%
Estos tipos sólo son aplicables a entidades con una cifra de negocios inferior a 5 millones de euros y una plantilla media inferior a 25 empleados y con vigencia en los ejercicios 2009 a 2011.

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES:

Si bien la mayoría de deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades para incentivar la realización de determinadas actividades han quedado derogadas para el ejercicio 2011, quedan vigentes algunas que debe revisarse por si la empresa tuviera derecho a aplicarlas:

•Deducción por actividades de investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i)

Los tipos de deducción varían en función de la naturaleza del gasto. Dada la conflictividad en el momento de su comprobación por la Inspección Tributaria, es conveniente solicitar un informe técnico a una sociedad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC); a señalar que los proyectos que son beneficiarios de subvenciones otorgadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación o por otros Ministerios u organismos con los que dicho Ministerio haya firmado un convenio de calificación de las actividades de investigación y desarrollo e innovación, no requieren informe.

Los porcentajes de deducción para el ejercicio 2011 son los siguientes:
Concepto Deducción
Gastos efectuados en el periodo 25% (42% sobre el exceso de la media de los dos años anteriores)
Investigadores cualificados 17%
Inmovilizado exclusivo 8%
Innovación Tecnológica 8% (12% en ejercicios iniciados desde 6 de marzo de 2011)

•Deducción por inversiones medioambientales:

Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 6 de marzo de 2011 resulta de aplicación la deducción por inversiones realizadas en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica (esta última como novedad con respecto al redactado anterior). El porcentaje de deducción es del 8 por 100 y para poder practicarla es preciso obtener la certificación de convalidación de la inversión expedida por la Administración competente.

•Deducción por creación de empleo para trabajadores minusvalías:

La deducción es de 6.000 euros por persona/año.

•Deducción por gastos efectuados por la entidad con la finalidad de habituar a los empleados en el uso de nuevas tecnologías:

El porcentaje aplicable será del 1 por 100 y del 2 por 100 sobre el exceso de los gastos que supere la media de los dos años anteriores.

•Deducción por inversión en bienes de interés cultural, producciones cinematográficas o edición de libros:

El porcentaje variará en función del concepto: 18 por 100 para el productor, 5 por 100 para el coproductor financiero y 2 por 100 en la edición de libros.
Límite conjunto de las deducciones:
Para los periodos impositivos iniciados a partir de 6 de marzo de 2011, el límite conjunto de las deducciones se eleva hasta el 60 por 100 de la cuota íntegra -minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones- (para los ejercicios que coincidan con el año natural el porcentaje es del 50 por 100), cuando el importe de las inversiones correspondientes a I+D+i exceda, durante el ejercicio, del 10 por 100 de la cuota íntegra. Cuando no se den las condiciones de deducción por I+D+i, el limite es del 35 por 100 de la cuota integra antes detallada.

DEDUCCIÓN POR RE-INVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS:

También debe tenerse en cuenta la posibilidad de aplicar la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, aplicable a los beneficios obtenidos en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inmaterial o de inversiones financieras e inmobiliarias. Esta deducción no tiene límite y puede minorar la totalidad de la cuota.

DEDUCCIONES DEROGADAS

Han quedado derogadas las deducciones por fomento de las tecnologías de la información y la comunicación, por actividades de exportación, por sistemas de navegación de vehículos, por adquisición de vehículos nuevos industriales, por inversiones en fuentes de energías renovables, por gastos de formación y por contribuciones a planes de pensiones.

DOCUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE OPERACIONES VINCULADAS

Debe recopilarse la información relativa a las operaciones efectuadas con personas y/o entidades vinculadas con el fin de confeccionar la documentación acreditativa de la valoración de dichas operaciones a precio de mercado.
Las empresas cuya cifra de negocios en 2011 no hubiese alcanzado los 10 millones de euros (empresas de reducida dimensión), deberán documentar las operaciones vinculadas si éstas hubiesen superado, en conjunto, los 100.000 euros de valor de mercado.
No obstante, no existe obligación de documentar las operaciones vinculadas realizadas en el ejercicio con la misma persona o entidad cuando la contraprestación conjunta de las mismas no supere los 250.000 euros de valor de mercado, se trate de empresas de reducida dimensión o no, si bien determinadas operaciones específicas deben documentarse en todos los casos.

NUEVAS NORMAS CONTABLES DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

2012-01-02T10:40:00.001+01:00

Mediante el Real Decreto Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre publicado en el B.O.E del día 24 de noviembre, se establece las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de estas entidades.

Dado que las entidades sin fines lucrativos se caracterizan porque su actividad no va dirigida a la obtención de un lucro comercial, sino a perseguir objetivos de interés general en beneficio de la comunidad, aunque se tome como referente el modelo contable general, ha sido necesario introducir cambios en algunos aspectos fundamentales.

En la definición de los elementos que integran las cuentas anuales no tiene sentido valorar los activos en función del beneficio económico. En su lugar, se valora que generen rendimientos aprovechables en la actividad futura, es decir, que incorporen un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la entidad, aunque no generen flujos de efectivo.

El formato de la cuenta de resultados se dirige a mostrar la variación total del patrimonio neto de la entidad en el ejercicio, como expresión de su viabilidad futura y de la capacidad para cumplir con los fines de interés general que se le haya encomendado.

El Real Decreto que comentamos aprueba también un modelo general de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, cuyo grado de cumplimiento debe incluirse en la memoria de las cuentas anuales. En este plan se han de reunir todos los datos que permitan comprobar el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos, de forma que se da una mayor homogeneidad y transparencia a la información suministrada por estas entidades.

ALGUNAS RESPUESTAS A LA TRIBUTACIÓN AL 4% EN ENTREGAS DE INMUEBLES

2011-11-07T18:45:00.000+01:00

Requisitospara que las entregas de inmuebles a particulares destinados a viviendas sebeneficien de la tributación al tipo superreducido del 4% previsto en el RealDecreto-ley 9/2011 en lugar del 8%

La entrega de la vivienda debe efectuarse por unempresario o profesional, en casocontrario tributará por elImpuesto de Transmisiones Patrimoniales (Concepto Transmisiones Onerosas)(ITP).
Debe tratarse de viviendas terminadas y ser su primeraentrega (la realizada por el promotor). En el caso de la segunda oulteriores transmisiones (viviendas usadas) es de aplicación la exención, tributando por el Impuesto de TransmisionesPatrimoniales (Concepto Transmisiones Onerosas) (ITP)
Es necesario que los edificios o partes de los mismosque se transmiten sean aptos para su utilización como viviendas; seincluirán las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos enellos situados que se transmitan conjuntamente

No tendrán la consideración de anexos a viviendaslos locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente con las mismas.
No se consideran edificios aptos para su utilizacióncomo viviendas las edificaciones destinadas a su demolición.

La entrega de la vivienda deberá producirse desde el20 de agosto de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011

Lospagos anticipados realizados durante el periodo comprendido entre el 20 deagosto y el 31 de diciembre de 2011 a que se refiere el Real Decreto-ley9/2011, correspondientes a entregas de viviendas, garajes y anexos en ellossituados, tributarán igualmente al tipo del 4%, con independencia de que laentrega del inmueble se produzca con posterioridad al 31 de diciembre de 2011.

Los pagos a cuenta de la futura entrega de viviendasefectuados a una cooperativa en el período comprendido entre el 20 de agosto y31 de diciembre de 2011 tributaran al 4%

Eldevengo del IVA en la entrega de una vivienda se produce, como regla general,en el momento de la puesta en poder y posesión del adquirente de la vivienda.Si se hubiese otorgado escritura pública, la puesta en poder y posesión seentiende realizada en el momento de su otorgamiento.

Cuandode la misma escritura resulta o se deduce claramente un momento distinto depuesta en poder y posesión de la vivienda entregada, el devengo se producirá enel momento en que efectivamente tenga lugar dicha puesta en poder y posesióndel adquirente.

Alproducirse la entrega con posterioridad al 31 de diciembre de 2011 el tipoimpositivo sería el 8%. En estos casos hay que tener en cuenta que la posesiónse asimila a la puesta a disposición, es decir, la posesión sería el momento enel que se produce el devengo por entrega.

Enel supuesto de que hubiera pagos anticipados durante el período señalado, 20 deagosto a 31 de diciembre de 2011, y la posesión fuese posterior, el pagoanticipado tributaria al 4% y el importe que se pague o quede por pagar en elmomento de la posesión, al 8%.

Nose deben rectificar las cuotas de IVA repercutidas al 8% correspondientes a losanticipos. El artículo 90.Dos de laLey 37/1992 dispone que el tipo impositivo aplicable a cada operación será elvigente en el momento del devengo. En los anticipos, el devengo del impuesto seproduce en el momento en que se haga efectivo el pago de los mismos por lo que,si éstos se han satisfecho antes del 20 de agosto de 2011, el tipo impositivoaplicable será del 8%, con independencia de que el IVA correspondiente alimporte restante del precio se devengue con la posterior entrega de la viviendatributando al 4%.

Si el vendedor renuncia a la exención, para lo cual se requiereque el comprador sea un empresario o profesional con derecho a la deduccióntotal del impuesto soportado en la operación es aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el RealDecreto-ley 9/2011 a la entrega de viviendas usadas. En el caso de viviendas adquiridas porparticulares no es aplicable.

Notiene la consideración de primera entrega a efectos del IVA la realizada por elpromotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazoigual o superior a dos años por su propietario, por titulares de derechosreales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opcióna compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación duranteese plazo.

Enestos casos la venta tendrá la consideración de segunda entrega, exenta del IVAy tributará por el Impuestode Transmisiones Patrimoniales.

Lasentregas de viviendas rehabilitadas se asimilan a la entrega de un edificio denueva construcción siempre que se cumplan los requisitos previstos en elartículo 20.Uno.22º.B) de la Ley 37/1992:

1º)Más del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda conobras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas ocubiertas o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.

2º)El coste total de las obras exceda del 25% del precio de adquisición de laedificación (si se efectuó en los dos años anteriores al inicio de las obras derehabilitación), o del valor de mercado de la edificación antes de surehabilitación, descontando en ambos casos el valor del suelo.

Eltipo impositivo aplicable a esta entrega de viviendas será el 4% si se produceen el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de2011.

Noes aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el Real Decreto-ley9/2011 a la entrega de viviendas que van a ser objeto de demolición, aunque la entrega del inmueble estará sujeta y noexenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo impositivo aplicable a estaventa será el 18% ya que no se considerarán edificios aptos para su utilizacióncomo vivienda

Noes aplicable el tipo superreducido del 4% previsto en el Real Decreto-ley9/2011 a la entrega de viviendas en construcción. Si el objeto de la entrega es una vivienda enconstrucción, de manera que el adquirente debe proceder a su terminación, eltipo aplicable será en todo caso el 18%.

YA TIENEN PROTECCION POR CESE DE NEGOCIO LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

2011-11-07T18:18:00.000+01:00

Con la aprobación deesta norma España se convierte en el único país europeo que cuenta con unsistema de protección (el "paro de los autónomos") para aquellosemprendedores que tienen que cerrar su negocio.

El Boletín Oficial delEstado de 1 de noviembre ha publicado el Real Decreto 1541/2011,de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto,por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadoresautónomos.

Con la entrada envigor de esta norma —mañana pero con efectosde hoy, 1 de noviembre,con excepción del artículo 19, relativo al régimen financiero de las cotizaciones satisfechas por elautónomo, que tiene efectos desde el 1de enero de 2011, y de la DA 5.ª, relativa a la incorporaciónal sistema de protección de los autónomos agrarios, con efectos de 1 de enerode 2012— podrían comenzar a solicitarse las primeras peticiones de reconocimiento de esta protección, alcumplirse el periodo mínimo de cotización (doce meses), para tenerreconocimiento a la misma.

El Real Decreto 1541/2011 supone un gran salto en el desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, encuanto a la protección social, y cumple con una importante reivindicación deeste colectivo. Se trata de un sistema contributivo en el que el trabajador autónomo cotiza el 2,2% de su base de cotización.A su vez, el trabajador autónomo que cotice por esta contingencia tendrá laventaja de ver reducida su cotización por la cobertura de incapacidad temporalen 0,5 puntos.

La cuantía de la prestación será del 70%del promedio de bases de cotización del trabajador autónomo de los doce últimosmeses. El período de duración de la protección responderá a lasiguiente escala:

Periodo de cotización (meses)	Periodo de la protección (meses)
De 12 a 17	2
De 18 a 23	3
De 24 a 29	4
De 30 a 35	5
De 36 a 42	6
De 43 a 47	8
De 48 en adelante	12

El órgano gestor de laprestación cubrirá los costes de la cotización por contingencias comunesdurante el período en el que el trabajador autónomo perciba la prestación.

El número de cotizantes al sistema de protección por cese de actividad es de502.263. El próximo mes de enero, se incorporarán al sistema los trabajadores por cuenta propia agrarios.En la actualidad hay cerca de 150.000 agrarios que tienen cubiertas lascontingencias profesionales.

El texto tiene en cuenta la especificidadde las labores agrícolas y ganaderas, y establece el cesetemporal de actividad en los siguientes supuestos:

cambio de cultivo o actividad ganadera por fuerza mayor, durante el período necesario para el desarrollo del nuevo cultivo o ganadería;
daño en las explotaciones agrarias o ganaderas por fuerza mayor, durante el tiempo imprescindible para la recuperación de las mismas;
período de erradicación de enfermedades en explotaciones ganaderas, y
violencia de género que determine el cese temporal de la actividad de la trabajadora afectada.

Los comuneros y sociosde sociedades de cualquier naturaleza agrícola o ganadera que cesen en sucondición de tales tendrán derecho a la prestación por cese de actividad,cuando acrediten que éste se debe a las pérdidas económicas.

El Real Decreto 1541/2011cumple con tres mandatos de la Ley de la prestación por cese de actividad.

Recoge la documentación a presentar: el trabajador autónomo solicita al órgano gestor el reconocimiento del derecho en el plazo de un mes desde que cese la actividad. La percepción de la prestación y la cotización efectuada por el órgano gestor se realizarán a partir del mes siguiente al reconocimiento.
Establece las condiciones y supuestos específicos para la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia agrarios.
Fija los supuestos y requisitos para acceder al pago único de la prestación.

Para el desarrollo del Real Decreto se han tenido en cuenta lasobservaciones de los interlocutores sociales, de las asociaciones profesionalesde trabajadores autónomos, de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Estado.

REFORMA DE LA LEY CONCURSAL

2011-11-07T17:49:00.000+01:00

La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 dejulio, Concursal,ya ha sido publicada, tras la maduración legislativa previa del proyectode Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Las novedades principales de la siguiente Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley22/2003, de 9 de julio, Concursal, podrían resumirse en:

Mayor desarrollo de los denominados institutos preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación, en aras de conservar la actividad profesional o empresarial del concursado.
Se articulan diferentes medidas para que llegar a una solución de la insolvencia que no se retrase en el tiempo, (Concursos abreviados) para no seguir perjudicando al concursado y a sus acreedores con la minoración del valor de sus bienes de cuya realización depende su cobro; ello conlleva la eliminación de las posibilidades de garantizar su viabilidad y aumenta además los costes del proceso.
Anticipación de la liquidación: Cambia la apertura de la fase de liquidación del concurso, lo que hace innecesaria la distinción entre liquidación ordinaria y liquidación anticipada y permite tramitar de manera más rápida aquellos concursos en los que el deudor solicite la liquidación en los primeros momentos.
Se mejora el régimen de la publicidad registral del concurso y del Registro Público Concursal, incrementándose notablemente los instrumentos de publicidad de los concursos; con ello se intenta dotarlos de mayor transparencia y garantía para todos los sujetos que puedan verse afectados.
A igual propósito responde la consideración expresa de que los créditos nacidos tras la aprobación judicial del convenio han de ser, en caso de apertura posterior de la fase de liquidación, créditos contra la masa. Se trata con ello de favorecer la concesión de crédito a una empresa en fase de convenio y también como mecanismo protector de ese dinero nuevo que contribuye a la continuidad de su actividad.
Se le da mayor prioridad social, abordando de forma principal, las reformas introducidas por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, en especial en relación con los expedientes de suspensión y reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo. Se resuelven también las dudas jurídicas planteadas en torno a la calificación como créditos contra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones en caso de despido o extinción de la relación laboral.
La articulación administrativa de la función concursal cambiará para adaptarse a los concursos rápidos, con 2 lineas fundamentales:
- Extensión de los supuestos en los que la administración concursal está integrada por un único miembro para flexibilizar y economizar el proceso.
- El reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal, en tanto que algunas de sus formas, como es la sociedad profesional, favorecen el ejercicio de esta función por una pluralidad de profesionales que cuenten con la necesaria formación y experiencia.
La responsabilidad por daños a la sociedad, ahora habrá de ser exigida necesariamente por la administración concursal, y la denominada responsabilidad concursal por el déficit de la liquidación.
Se refuerza el régimen de los concursos conexos, en especial, lo referente a los grupos de sociedades.

VUELVE EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. PARA QUEDARSE ?

2011-10-07T12:35:00.001+02:00

En el BOE del 17 de septiembre se hapublicado el Real Decreto-ley 13/2011 porel que se restablece elImpuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal,eliminándose la bonificación estatal del 100% que hasta ahora se aplicaba sobrela cuota íntegra del Impuesto.

La Ley 19/1991, de 6 de junio,estableció con carácter estable un Impuesto sobre elPatrimonio, que fue exigible hasta laentrada en vigor de la Ley de 23 de diciembre de 2009, por laque, sin derogarlo, se anuló la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio medianteuna bonificación del 100%.

Las circunstancias actuales y los efectos de la crisis económica hacen necesariorestablecer, desde el 18 de septiembre de 2011, el Impuesto conefectos exclusivamentepara los ejercicios 2011 y 2012 (devengando los días 31 de diciembrede cada año), cuyas declaraciones se presentarán, respectivamente, en 2012 y2013.

No se han introducido modificacionessustanciales en la estructura del Impuesto, que se ha reactivado eliminándose la citadabonificación. No obstante, para excluir del gravamen alos contribuyentes con un patrimonio medio se aumentasignificativamente el límite para la exención de la vivienda habitual,así como el mínimo exento que se venía aplicando en el Impuesto antes de 2008,sin perjuicio de las competencias normativas que sobre esta materia ostentanlas Comunidades Autónomas.

No cambian los tipos impositivos que se van a aplicar y que forman unahorquilla entre el 0,2%y el 2,5%.

En el caso de núcleos familiares, latitularidad de los bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges seatribuye por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota departicipación, y se considera individualmente a la hora de calcular la baseimponible del impuesto.

Este Impuesto sigue siendo un tributo cedido a las Comunidades Autónomas,por lo cual recuperan de manera efectiva su capacidad normativa y larecaudación corresponde a estas Comunidades Autónomas.

Le indicamos a continuación, las principales modificaciones que introduce la norma aprobada:

1. Vivienda habitual: el importe máximo de la exención aplicable a la vivienda habitual se incrementa hasta 300.000€ (hasta ahora, 150.253,03€).

2. Base liquidable. Mínimo exento: En el supuesto deobligación personal, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimoexento, en el importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma. Si estano hubiese regulado el mínimo exento, la base imponible se reducirá en700.000€. Antes eran 108.182,18€. El mínimo exento será aplicable en elcaso de sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal decontribuir y a los sujetos pasivos sometidos a obligación real de contribuir.

También se han recuperado,prácticamente en los mismos términos en los que se regulaba antes del 1-1-2008,las siguientes normas relativas a elementos del tributo objeto de eliminación técnica en sumomento:

- Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla (bonificación del 75% en la parte de la cuota relacionada conbienes o derechos situados o que debieran ejercitarse o cumplirse en Ceuta yMelilla. Las Ciudades Autónomas podrán establecer deducciones adicionales.

- Representantes de los sujetos pasivos no residentes en España: los sujetos pasivos noresidentes en territorio español vendrán obligados a nombrar una persona físicao jurídica con residencia en España para que les represente ante laAdministración tributaria en relación con sus obligaciones por este impuesto,cuando operen por mediación de un establecimiento permanente o cuando por lacuantía y características del patrimonio del sujeto pasivo situado enterritorio español, así lo requiera la Administración tributaria, y a comunicardicho nombramiento, debidamente acreditado, antes del fin del plazo dedeclaración del impuesto.

- Autoliquidación del Impuesto (los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración, apracticar autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deuda tributaria en ellugar, forma y plazos que se determinen por el titular del Ministerio deEconomía y Hacienda. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse medianteentrega de bienes integrantes del patrimonio histórico español.

- Personas obligadas a presentar la declaración: se modifica su regulación, de forma que ahora están obligados adeclarar los sujetos pasivos cuyacuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones obonificaciones que procedan,resulte a ingresar, o cuando, nodándose esta circunstancia, el valor de sus bienes oderechos resulte superior a 2.000.000€.

- Presentación de la declaración: puede aprobarse la utilización de modalidades simplificadas oespeciales de declaración.

Con efectos desde el 1-1-2013, sevuelve a suprimir el gravamen por el Impuesto, al restablecer labonificación estatal del 100% sobre la cuota íntegra del Impuesto y derogar la normas relativas a losrepresentantes de los sujetos pasivos no residentes, bonificación de la cuotaen Ceuta y Melilla, autoliquidación, personas obligadas a presentar ladeclaración y presentación de la declaración.

CONTRATOS DE INTERINIDAD.UNA OPCIÓN A TENER EN CUENTA

2011-10-06T18:24:00.000+02:00

Los contratos de interinidad suelen concertarse paracubrir algunos de estos supuestos:

a.- Sustituir a un trabajador con derecho a reservadel puesto de trabajo.

b.- Cubrir temporalmente un puesto de trabajo queestá vacante en tanto en cuanto dura el proceso de selección o promoción parasu cobertura definitiva.

c.- Sustituir a un trabajador autónomo, sociotrabajador o socio de trabajo de una sociedad cooperativa en el supuesto deriego durante el embarazo o en los períodos de descanso por maternidad,adopción o acogimiento.

¿Qué situaciones son las que permite que untrabajador abandone su puesto de trabajo y aún así tenga derecho a la reservadel mismo?

La legislación laboral actual contempla comosituaciones que dan derecho a la reserva de los puestos de trabajo lassiguientes:

a.- Procesos de incapacidad temporal.

b.- Maternidad, paternidad, riesgo por embarazo,riesgo durante la lactancia natural, adopción o acogimiento.

c.- Excedencia por cuidado de hijos.

d.- Excedencia forzosas.

e.- Descansos, permisos, vacaciones, etc., siempre ycuando esté previsto en el convenio colectivo que es de aplicación a laempresa.

f.- Por mutuo acuerdo entre las partes.

g.- Por alguna de las causas que estén válidamenteconsignadas en el contrato de trabajo.

h.- Seguridad de las víctimas de violencia degénero.

¿Qué requisitos tengo que tener en cuenta a la horade formalizar este tipo de contratos?

En primer lugar debemos conocer que este tipo decontratos debe formalizarse siempre por escrito debiéndose identificarclaramente el trabajador sustituido y la causa de sustitución.

Con relación a este último punto debemos mencionarque recientemente el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia de unificaciónde doctrina en la cual se recoge que hay que especificar la causa que motivaeste tipo de contratos, evitando poner algo genérico como hasta ahora se veníahaciendo, puesto que el supuesto de finalización de este tipo de contratos sila causa no está lo suficientemente detallada se entenderá que la relaciónlaboral con el trabajador que tenía un contrato de sustitución por interinidadse extingue por despido improcedente en lugar de por finalización del contrato,con el consiguiente coste para el empresario.

Como regla general este tipo de contratos debencelebrarse a jornada completa salvo que el trabajador al que se estásustituyendo estuviese a jornada parcial, que el puesto que se está cubriendotemporalmente vaya a ser cubierto a jornada parcial en un futuro así como en todosaquellos supuestos en los que se haya acordado una reducción de jornada deltrabajador sustituido.

La duración del contrato de interinidad es la deltiempo que dure la ausencia del trabajador con derecho a reserva del puesto detrabajo. Cuando el objeto de este contrato es la cobertura de una vacante suduración vendrá determinada por el proceso de selección, no pudiendo superarnunca los tres meses, y sin que pueda celebrarse otro contrato de interinidadpara el mismo proceso.

Una vez que la causa que motivó la celebración deeste tipo de contratos finaliza, la empresa deberá comunicárselo al trabajadorhaciéndole entrega de la liquidación correspondiente. Es importante recordarque si este contrato se ha realizado conforme a lo dispuesto anteriormente, nodeberá abonarse indemnización alguna al trabajador por finalización delcontrato.

Por último es importante recordar que la realizaciónde contratos de interinidad por sustitución puede dar derecho a distintasbonificaciones y reducciones en virtud de lo dispuesto en la legislaciónlaboral vigente.

TRABAJADOR SUSTITUIDO	TRABAJADOR SUSTITUTO	BONIFICACION O REDUCCION	DURACION
Trabajadoras con contrato suspendido por riesgo durante el embarazo o lactancia natural. Trabajadores en periodo de maternidad, paternidad o adopción.	Persona desempleada.	Bonificación 100%: -cuotas empresariales de seg.social incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. -aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta.	- Durante la vigencia de la causa de suspensión. - Hasta el momento de la incorporación del trabajador sustituido a la empresa.
Trabajador víctima de violencia de género.	Persona desempleada o no.	Bonificación 100% de las cuotas empresariales de la seg. social por contingencias comunes.	- Durante el periodo de suspensión del contrato. - En supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo durante 6 meses.
Trabajador excedente por cuidado de familiares	Beneficiarios de prestaciones por desempleo que lleven más de un año como perceptores de las mismas.	Reducción en las cotizaciones de empresa en contingencias comunes del: · 95% el primer año. · 60% el segundo año. · 50% el tercer año.	Durante la vigencia de la causa de suspensión.

Reforma de la Ley de Sociedades de Capital - A modificar los estatutos

2011-10-06T17:11:00.005+02:00

El 2 de octubre entra en vigor la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (BOE del 2 de agosto).

La Ley introduce importantes novedades en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio; algunas de esas novedades conllevan la necesidad o la conveniencia para las sociedades de capital de modificar sus estatutos. Sintéticamente enumeramos las más significativas:

1.- En las sociedades anónimas los estatutos habrán de expresar ahora –igual que venía ocurriendo para las sociedades limitadas- «el modo o modos de organizar la administración de la sociedad». Hasta ahora los estatutos de las sociedades anónimas sólo debían establecer un tipo de órgano de administración, con lo que cualquier cambio posterior en la forma de administrar exigía la modificación de estatutos. La reforma del artículo 23 TRLSC facilitará –con la previsión estatutaria correspondiente- los cambios en el tipo de administración de las sociedades anónimas, al igual que se facilitaba ya en las sociedades limitadas.

2.- El plazo que han de tener los administradores para convocar la Junta general para su celebración cuando lo hayan solicitado uno o varios socios que representen el 5% del capital social, será de dos meses. No ya de solo un mes, como descuidadamente se venía manteniendo en el párrafo segundo del artículo 168 TRLSC, en abierta incoherencia desde la modificación del antiguo artículo 97 TRLSA que amplió a un mes el plazo entre la convocatoria y la celebración. La reforma actual de aquel artículo 168 obligará a modificar los estatutos que, en su momento, inevitablemente tuvieron que reproducirlo.

3.- Parece aconsejable que los estatutos establezcan la forma de convocatoria de la Junta general. La reforma del artículo 173 TRLSC extiende a las sociedades anónimas (salvo las cotizadas y las que tengan acciones al portador) las facilidades que para la convocatoria de la junta general se establecían ya para las sociedades de responsabilidad limitada. No obstante, los estatutos deben ajustarse a alguno de los medios de convocatoria que se prevén en el artículo 173.2. Si los estatutos no regulan la forma de convocatoria ésta se realizará mediante anuncio publicado en el BORM y en la página web de la sociedad. Si no tuviera página web (la creación corresponde a la Junta general conforme al nuevo artículo 11 bis TRLSC) la convocatoria se publicará en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en que esté situado el domicilio social.

4.- Con la modificación del artículo 197.4 TRLSC, los estatutos pueden fijar un porcentaje entre el 5% y 25% del capital para que no proceda denegar el derecho de información de los accionistas en la Junta general. Hasta ahora se permitía a los socios fijar en los estatutos el porcentaje que quisieran para que no procediera la denegación de ese derecho de información.

5.- Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada que, conforme al artículo 245 TRLSC, hayan establecido la organización y funcionamiento del consejo de administración, deberán adaptarse a lo que, de modo imperativo, se dispone ahora en el reformado artículo 246.1 TRLSC: el consejo de administración será convocado por el presidente o el que haga las veces (como ya se decía para el caso de la sociedad anónima); y en el artículo 246.2 TRLSC: los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes (apartado éste novedoso ahora también para las sociedades anónimas).

6.- Los estatutos de la sociedades anónimas pueden, con el consentimiento de todos los socios, incorporar causas determinadas de exclusión de socios (pudiendo modificarse o suprimirse después con los mismos requisitos). La reforma del artículo 351 TRLSC así lo posibilita para todas las sociedades de capital. Ello supone una gran innovación para las sociedades anónimas, en la medida en que se admite la posibilidad de incorporar causas de exclusión, hasta ahora reservada a las sociedades de responsabilidad limitada.

7.- La reforma del artículo 376 TRLSC unifica el régimen de nombramiento de los liquidadores para todas las sociedades de capital. Ahora habrá de tenerse en cuenta que en todas las sociedades de capital rige, en primer lugar y como ya ocurría antes, lo que establezcan los estatutos, pero si nada dicen los estatutos, los liquidadores parece –la redacción del 376.1 es equívoca- que los nombrará la Junta general y si no los nombra, los administradores quedarán convertidos en liquidadores.

8.- La reforma del artículo 443 TRLSC ha redondeado las cifras de capital mínimo (3.000 €) y máximo (120.000 €) de la sociedad nueva empresa, hasta ahora cifrados en 3.012 € y 120.202 €, respectivamente. Aunque probablemente no haya muchos casos, ello supondrá que la sociedad nueva empresa que haya optado por la cifra máxima del capital social entonces prevista, tendrá que reducirlo hasta el máximo ahora permitido para mantener la categoría.

9.- En lo que concierne a las sociedades cotizadas, éstas habrán de adecuar sus estatutos a las previsiones que ahora se establecen para la armonización de nuestro Derecho a lo dispuesto en la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio. Así ha de suceder con las formalidades y contenidos de la convocatoria de la Junta general y con las reglas de su funcionamiento (derecho de información, participación a distancia, participación por representante, conflicto de intereses, ejercicio del voto por administradores en caso de solicitud pública de representación).

LEY 10/2010 PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

2011-05-27T10:37:00.005+02:00

La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica, mediante obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Entre otros, son sujetos obligados de las obligaciones establecidas en la presente Ley los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, los notarios y los registradores de la propiedad, los abogados, procuradores y profesionales independientes cuando participen o asesoren operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles.

Entre otras se impone la obligación a los sujetos anteriores de, con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la ejecución de cualquier operación, comprobar la identidad de los intervinientes mediante documentos fehacientes. Éstos deberán identificar al titular real, entendiéndose por titular real a los efectos de la presente norma, entre otros supuestos, a aquella persona física que represente o controle un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica.

Se imponen unas medidas reforzadas de diligencia debida para supuestos de operaciones de alto riesgo, cuando se contrate con personas con responsabilidad pública, considerándose aquéllas que hayan desempeñado en Estados miembros de la Unión Europea o terceros países determinadas funciones públicas, incluyendo a familiares y allegados. En este caso se deben adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que se pretenda llevar a cabo los negocios u operaciones.

Se establecen también unas obligaciones de información; en particular los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento complejo, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente o que presente indicios de simulación o fraude. En este caso deberán comunicar por propia iniciativa estos hechos al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, absteniéndose obviamente de ejecutar cualquier operación de las anteriormente mencionadas.

Se establece que los sujetos obligados, sus directivos y sus empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al servicio ejecutivo de la Comisión.

Como obligaciones de carácter formal se establece que los sujetos obligados conservarán por un período mínimo de diez años la documentación en la que se formalicen las operaciones, y también almacenarán las copias de los documentos de identificación en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad.

En materia de formación a los sujetos obligados se les impone adoptar las medidas oportunas para que los empleados tengan conocimiento de las exigencias establecidas en la presente Ley.

En relación a los medios de pago se eleva la obligación de declarar aquellos movimientos por el territorio nacional por importe igual o superior a 100.000 euros; y por último del amplio régimen de infracciones y sanciones responderán no solamente los administradores y directivos, sino en el caso de sociedades disueltas los socios solidariamente hasta el límite de lo que hubieran recibido en la liquidación de la sociedad.

Texto Integro Ley 10/2010

REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERIA

2011-05-27T08:38:00.003+02:00

El Consejo de Ministros del pasado 15 de abril, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, aprobó el proyecto de Real Decreto sobre Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, más conocida como Ley de Extranjería.Este reglamento, constituye una pieza importante de la política de inmigración del Gobierno, y consolida un modelo de inmigración regular, ordenado y vinculado al mercado de trabajo.

El texto desarrolla los mecanismos de gestión previstos en la reforma de Ley Orgánica 4/2000 que el mismo Gobierno impulsó y las Cortes Generales aprobaron hace poco más de un año (Ley Orgánica 2/2009), y pone los medios para hacer efectivos el fortalecimiento de la cohesión social, la integración y la igualdad de derechos y deberes.

Esta nueva normativa pretende dar respuesta a los retos del nuevo ciclo migratorio, culminar la transposición de la normativa comunitaria en materia de inmigración y garantizar mayor rigor, objetividad y transparencia en los procedimientos administrativos de extranjería.

Además, detalla los criterios necesarios para los trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros, agiliza los procedimientos e introduce las nuevas tecnologías en las tramitaciones.

Movilidad y promoción del retorno voluntario

El nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería establece mecanismos para fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los ciudadanos extranjeros a sus países de origen. Así, para quienes se acogen a estos programas determina un procedimiento más ágil y con más garantías.

Mayor rigor ante incumplimientos en la contratación

Por otro lado, el Reglamento también exige mayor estabilidad a los contratos entre empleadores españoles y trabajadores extranjeros. De este modo, la norma impide al empleador que no haya cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes.

En diálogo con las administraciones y la sociedad civil

El nuevo Reglamento ha llegado al Consejo de Ministros tras el trámite de audiencia e información pública, y habiendo sido consultado con el Consejo de Estado. El texto ha sido objeto de acuerdo en la mesa de diálogo social y ha sido sometido a un amplio proceso de diálogo, tanto con las Administraciones como con la sociedad civil.

EXIGIBILIDAD DE LA EXACCION.RECURSO CAMERAL PERMANENTE

2011-05-27T08:16:00.008+02:00

Desde el día 3 de diciembre de 2010 se eliminó la obligatoriedad del recurso cameral permanente, si bien se introdujo un régimen transitorio para el año 2010, evacuando al respecto la Dirección General de Tributos un informe con fecha 8 de marzo pasado centrado en el mencionado régimen transitorio y en dos situaciones que pueden producirse, cuales son las exacciones que no hayan sido exigibles el 3 de diciembre de 2010 y la de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades con cifra de negocios igual o superior a diez millones de euros en el ejercicio anterior.

Los aspectos más relevantes del mencionado informe son los siguientes:El recurso cameral permanente tiene la naturaleza de exacción parafiscal integrado por tres exacciones independientes entre si: el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y el IS (Impuesto sobre Sociedades).

En cuanto al devengo, en la normativa vigente hasta el 03-12-10 el mismo coincidía con la de los impuestos a los que se refiere.Respecto al IAE, su devengo se produce el 1 de enero, motivo por el cual en tal día es exigible el recurso cameral permanente, con independencia de los plazos de gestión. Así, el recurso cameral permanente vinculado al IAE ya era exigible el 03-12-10, por lo que no le resulta de aplicación la excepción a su exigibilidad para el ejercicio 2010.

Respecto al IRPF e IS, como no se ha devengado el 03-12-10, tampoco se han devengado las exacciones del recurso cameral permanente vinculadas a los mismos, por lo que no es susceptible de exigibilidad, salvo en el caso de sujetos pasivos del IS con cifra de negocios igual o superior a 10 millones de euros en el ejercicio anterior.

EFECTOS DE LA LEY DE MOROSIDAD EN LA FACTURACION

2011-05-25T09:21:00.005+02:00

*Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
*Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La Comisión Fiscal de CEOE, ha estado trabajando en la resolución de una controversia que se suscitó en septiembre del año pasado en el ámbito de la Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la regulación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medias de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley de Morosidad).

La problemática surgía sobre la interpretación a propósito de los plazos para la remisión de facturas entre el Reglamento de Facturación (aprobado por el Real Decreto 1496/2003 que regula las obligaciones de facturación y modifica el reglamento del IVA), y la Ley de Morosidad (Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).

De acuerdo con el Reglamento de Facturación, el plazo máximo comprendido entre la realización de una operación y la fecha de remisión de la factura al destinatario establecido es de dos meses naturales. Sin embargo, la Ley de Morosidad establece la obligación de remitir las facturas a los destinatarios en el plazo de treinta días desde la realización de la operación, por lo que el plazo máximo comprendido entre la realización de una operación y la fecha de remisión de la factura al destinatario quedaría restringido a treinta días.

Teniendo en cuenta la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico español prevalece la aplicación de la Ley en caso de contradicción con una norma reglamentaria, y por tanto, supondría una modificación sustancial de las obligaciones de facturación de los empresarios a través de la Ley de Morosidad, que, de acuerdo con el criterio de nuestras organizaciones empresariales y de la Comisión Fiscal de CEOE, extralimitaría el objeto de la propia Ley que no es otro que trasponer al ordenamiento jurídico española la Directiva Comunitaria 2003/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para dar respuesta a la controversia se planteó una consulta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda sobre si el plazo para remitir la "factura o solicitud de pago equivalente" de la Ley de Morosidad suponía una reducción de los plazos de remisión de facturas establecidos a los sujetos pasivos del IVA.

La respuesta de la Dirección General de Tributos de 27 de abril de 2011, asume la postura planteada por la CEOE: la aprobación de la Ley 15/2010 no interfiere en la vigencia y efectividad de las obligaciones de facturación a las que están sometidos, en todo caso, los sujetos pasivos del Impuesto en aplicación del Reglamento de Facturación.

Por lo expuesto, adjuntamos nota elaborada por el Área Fiscal del Departamento de Economía de la CEOE, que explica las gestiones realizadas, así como copia de la respuesta de la propia Dirección General de Tributos.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL REAL DECRETO-LEY 5/2011, SOBRE EL EMPLEO SUMERGIDO

2011-05-09T12:46:00.004+02:00

En el BOE de 6 de mayo de 2011 se ha publicado el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, con el que se pretende poner fin a los efectos negativos que provoca la economía sumergida y, más concretamente, el trabajo no declarado, como elementos que distorsionan el mercado y dificultan el sistema de protección social y garantías de los trabajadores. Este objetivo se persigue en dos fases: una primera fase de regularización del trabajo no declarado, en la que se deja un plazo de tiempo para que los empresarios regularicen de forma voluntaria situaciones de empleo oculto, y una segunda fase que supondrá el endurecimiento del control de estas situaciones y de las sanciones que se impongan.

Por otro lado, se aprovecha para incluir la nueva deducción en el IRPF por rehabilitación de viviendas, incluidas, no sólo las viviendas habituales, sino también las segundas residencias.

A continuación, presentamos los aspectos más destacables de esta norma.

REGULARIZACIÓN Y CONTROL DEL EMPLEO SUMERGIDO

OBJETIVOS:

Luchar contra la economía sumergida, y especialmente contra el trabajo no declarado, que provocan competencia desleal, dificultan el sistema de protección social de los trabajadores y ralentizan el crecimiento económico.

MEDIDAS:

En relación con la elaboración de un Plan que, con carácter excepcional, y limitado en el tiempo, propicie la regularización del trabajo no declarado.

1. Los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular por no haber solicitado su afiliación inicial o alta en la Seguridad Social, podrán regularizar su situación desde el 7 de mayo hasta el 31 de julio de 2011.

2. Estas situaciones no podrán ser objeto de las sanciones administrativas previstas la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, salvo tres excepciones:a) Que el empresario extinga el contrato del trabajador regularizado antes de seis meses.b) Que ya se hubiere iniciado una actuación en la empresa en materia de Seguridad Social, que tenga por objeto las situaciones de hecho referidas.c) Que se hubiesen presentado denuncias o reclamaciones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o demandas ante la Jurisdicción Social relacionados con tales situaciones en la empresa.

3. Los empresarios que se hayan acogido al procedimiento de regularización deberán formalizar un contrato de trabajo con el trabajador mediante cualquier modalidad contractual indefinida o temporal, incluidos los contratos formativos, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para su celebración.

4. Cuando se trate de contratos temporales, su duración inicial prevista no podrá ser inferior a seis meses desde la fecha de solicitud del alta en la Seguridad Social.

5. Respecto a los trabajadores contratados mediante las modalidades contractuales temporales no resultará de aplicación lo establecido en el artículo 15.2 del ET sobre la adquisición de la condición de fijos.

6. En el contrato de trabajo se hará constar expresamente que se acoge al proceso de regularización.En relación con la potenciación y mejora de los mecanismos de control como instrumentos de disuasión frente a la precarización del trabajo.

1. En los procesos de subcontratación, se establece la obligación de que los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, comprueben, previamente al inicio de la actividad contratada o subcontratada, que los trabajadores de las contratistas o subcontratistas que éstas ocupen en sus centros de trabajo han sido dados de alta en Seguridad Social, exigiendo la acreditación del cumplimiento de dicha obligación. Además, se tipifica como infracción grave el incumplimiento de la referida obligación de comprobación.

2. Se incrementan las cuantías de las sanciones administrativas respecto de aquellos tipos infractores directamente asociados al trabajo no declarado; se amplía el plazo de exclusión del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por un período máximo de dos años para los supuestos de infracciones muy graves; en el caso de las infracciones graves, el plazo de exclusión será de un año, ampliable a dos en caso de reiteración de la conducta infractora.

3. Se modifica el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, extendiéndose la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas a aquellas empresas que hayan incurrido en el incumplimiento tipificado como infracción grave, previsto en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, esto es que no hayan solicitado la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o la soliciten fuera del plazo establecido como consecuencia de la actuación inspectora.

DEDUCCIÓN EN EL IRPF POR OBRAS DE MEJORA EN LA VIVIENDA

1. Se amplía la deducción por obras de mejora a todas las viviendas, incluidas las que sean de alquiler, con la única excepción de que no estén afectas a actividades económicas por parte del contribuyente.

2. Se establece que los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 53.007,20 euros podrán beneficiarse en su totalidad de la deducción, rebajándose ésta progresivamente hasta quedar a cero para los contribuyentes con una base imponible superior a 71.007,20 euros.

3. El tipo de deducción aplicable pasa del 10% al 20%

4. Se eleva el límite máximo de deducción anual, que pasa de 4.000 euros a 6.750 euros, aumentando el límite plurianual máximo deducible, que pasa de 12.000 euros a 20.000 euros.

5. La nueva regulación de la deducción resultará de aplicación a las obras que se realicen desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2012.

ENTRADA EN VIGOR

Al día siguiente al de su publicación en el BOE, excepto las medidas previstas en el capítulo II (Medidas destinadas a combatir la ocupación de manera irregular una vez finalizado el proceso voluntario de regularización), que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2011.

Texto completo del Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril (BOE de 6 de mayo).

MODIFICACIONES EN LA LOPD

2011-05-02T08:38:00.004+02:00

El domingo 6 de marzo de 2011, entró en vigor la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que en su disposición final quincuagésima sexta modifica la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

No se han modificado muchos artículos, aunque sí los más importantes, al menos así pensarán los profesionales y empresarios susceptibles de ser sancionados por incumplir alguno de los preceptos de esta normativa. Por ello, aunque la Ley siga siendo la misma, ha cambiado en gran manera su espíritu, acercándose de una manera más benévola a los posibles infractores, por lo que podría considerarse una nueva norma más amigable.

Uno de los cambios más destacable es el de la cuantía de las sanciones. Ahora, la cuantía mínima de las sanciones graves, que suponen casi el 75% de las impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos, pasa de 60.101 a 40.001 €, una rebaja significativa en caso de ser sancionado. A su vez, la cuantía mínima de una sanción leve pasa de 601 a 900 €. No se establece cambio en las muy graves, que continúan en la horquilla de 300.001 a 600.000 €.

Otro aspecto que ha sido modificado es la graduación de las cuantías de las sanciones, es decir, si la sanción es la mínima permitida, o es incrementada hasta llegar al límite superior. Cabe destacar que se añade como criterio de graduación el volumen de negocio o actividad del infractor, no tenidos en cuenta anteriormente, lo que supondrá unas sanciones más adecuadas al concreto infractor que las realice.

También serán tenidos en cuenta, el carácter continuado de la infracción, el volumen de los tratamientos, la vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos, los beneficios obtenidos con la infracción, el grado de intencionalidad, la reincidencia, la naturaleza de los perjuicios causados, la acreditación de que la infracción no es debida a una falta de diligencia del infractor, o cualquier otra circunstancia que sea relevante.

Se detalla con esta reforma la posibilidad de aplicar a una infracción, la cuantía de la clase que le preceda en gravedad, permitiéndose cuando se aprecie una disminución de la culpabilidad o antijuridicidad como consecuencia de la concurrencia de varios de los criterios de graduación de las sanciones, cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente, cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción, cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad, o cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso.

Igualmente, cambian y se reordenan la clasificación de los hechos que dan lugar a las sanciones leves, graves o muy graves, aclarando supuestos antes indefinidos, y rebajando de categoría algunos de los supuestos más habituales.

Son infracciones leves, no remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones previstas en la Ley, no solicitar la inscripción del fichero, el incumplimiento del deber de información al afectado cuando los datos sean recabados del mismo, y la transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales exigidos mediante el contrato escrito de tratamiento por cuenta de terceros.

Son infracciones graves, la creación o recogida de datos de ficheros de titularidad pública sin autorización de disposición general publicada en el diario oficial correspondiente; tratar datos sin recabar el consentimiento necesario de las personas afectadas; tratar datos o usarlos posteriormente con conculcación del principio de calidad, salvo que sea infracción muy grave; la vulneración del deber de guardar secreto; la obstaculización de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; el incumplimiento del deber de información al afectado cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado; el incumplimiento de los deberes de notificación o requerimiento al afectado; mantener los ficheros, locales, programas o equipos sin las debidas condiciones de seguridad; no atender los requerimientos y peticiones de documentos e información de la Agencia Española de Protección de Datos; la obstrucción del ejercicio de su función inspectora; y la cesión de los datos sin legitimación para ello, salvo que sea infracción muy grave.

Por último, quizás el cambio más significativo e interesante para todos aquéllos que tienen que cumplir esta normativa, es que la Agencia Española de Protección de Datos podrá no abrir un procedimiento sancionador, sino apercibir al infractor y exigirle que acredite la adopción de las medidas correctoras necesarias. Para esto, los hechos han de ser constitutivos de infracción leve o grave, y que el infractor no haya sido sancionado o apercibido con anterioridad. Una buena noticia para todos, que convierte una normativa con un excesivo afán recaudatorio en una norma que permite ayudar a quiénes quieren respetar la privacidad de los ciudadanos.

PROGRAMA EXCEPCIONAL PARA LA CONTRATACION JUVENIL ESTABLE

2011-05-02T08:01:00.006+02:00

Podrán acogerse a estas medidas las empresas que contraten, entre el 13 de febrero de 2011 y el 12 de febrero de 2012, de manera indefinida o temporal, a personas desempleadas inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos desde el 1 de enero de 2011, mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial, y que reúnan alguno de estos requisitos:

a. Tener una edad igual o inferior a 30 años.
b. Llevar inscritas en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación.

Los requisitos que han de cumplir los contratos para acceder a las reducciones son:

a. La jornada de trabajo de estos contratos deberá estar entre el 50% y el 75% de la de un trabajador a tiempo completo comparable.

b. Deben suponer un incremento neto de plantilla. Para su cálculo se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores en el período de los 90 días anteriores a la nueva contratación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre 90 el sumatorio de los contratos indefinidos o temporales que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los 90 días inmediatamente anteriores a la nueva contratación.

Se excluirán del cómputo los contratos indefinidos o temporales que se hubieran extinguido en dicho periodo por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

Las empresas que se acojan a estas reducciones estarán obligadas a mantener, durante el periodo de duración de la reducción, el nivel de empleo alcanzado con la contratación realizada.

El incumplimiento por parte de las empresas de estas obligaciones, dará lugar al abono de las cotizaciones correspondientes a las reducciones aplicadas sobre los contratos afectados por el incumplimiento.

Las reducciones a aplicar varían, en función del tipo de contratación:

a. En contratos indefinidos, la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social se aplicará durante los 12 meses siguientes a la contratación y será de los siguientes importes:

1. 100% en empresas de menos de 250 trabajadores.
2. 75% en empresas de 250 o más trabajadores.

Transcurrido el periodo de 12 meses, las empresas podrán acogerse a la bonificación que pudiera corresponderles de acuerdo a la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, o al artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, exclusivamente por el tiempo que restara de la misma, descontando el periodo transcurrido de reducción.

b. En contratos temporales, que se concierten por una duración inicial prevista igual o superior a seis meses, podrán acceder a las mismas reducciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, durante los 12 meses siguientes a la contratación, que en el caso anterior.
En ningún caso se podrá aplicar esta reducción a los contratos de trabajo celebrados bajo las modalidades de interinidad y de relevo.

Las empresas que hubieran celebrado contratos temporales a los que se hubieran aplicado estas reducciones podrán transformarlos, cualquiera que fuera la fecha de su celebración, en:

o Contratos indefinidos ordinarios.
o Contrato de fomento a la contratación indefinida. En este caso la transformación deberá producirse antes del transcurso de los 12 meses desde su celebración.

Cuando estos contratos se celebren con personas desempleadas que sean personas con discapacidad o tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género o de violencia doméstica o se encuentren en situación de exclusión social, las empresas podrán optar por aplicar estas reducciones de cuotas o las bonificaciones reguladas en el capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, si concurren los requisitos correspondientes.

SE AMPLIAN LAS DEDUCCIONES POR REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL IRPF

2011-05-02T07:49:00.003+02:00

La deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora en la vivienda habitual fue aprobada a través del Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, derivado de los llamados «Pactos de Zurbano».

En el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril, el Gobierno ha acordado la modificación del citado Real Decreto Ley para ampliar los incentivos para la deducción por rehabilitación de vivienda con la finalidad de hacerlo más operativo, reforzar el carácter incentivador de la actividad y favorecer la creación de empleo.

Entre las principales modificaciones que serán introducidas, cabe destacar que el objeto de la deducción ya no estará limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual, extendiéndose a las que se lleven a cabo en cualquier otra vivienda (incluidas las que se pongan en alquiler), siempre que no estén afectas a actividades económicas por parte del contribuyente.

Además, se elevan el tipo de la deducción del 10% original al 20% y el límite máximo de renta que impide beneficiarse de este incentivo, de modo que los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 53.007,20 euros podrán beneficiarse en su totalidad de la deducción, que se irá rebajando progresivamente hasta 0 € para los contribuyentes con una base imponible superior a 71.007,20 euros.

Asimismo, la reforma eleva los límites máximos de base de deducción anual de 4.000 a 6.750 euros y deducción plurianual, que pasa de 12.000 a 20.000 euros.

Finalmente, cabe señalar que la deducción continúa teniendo carácter temporal, pudiendo aplicarse únicamente a las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012, destinadas a la mejora de la habitabilidad de la vivienda (eficiencia energética y del uso del agua, accesibilidad e instalación de infraestructuras para el acceso a Internet o a la TDT), y que se exigirá la factura detallada con todos los requisitos legales, incluyéndose el desglose del IVA.

ACUERDO SOCIAL Y ECONOMICO EN TORNO A LAS PENSIONES

2011-02-11T09:08:00.000+01:00

José Luis Rodríguez Zapatero ha presidido, en el Palacio de La Moncloa, la firma del Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, a la que han asistido los máximos dirigentes de la CEOE, CEPYME, UGT y CCOO.

De los contenidos de este acuerdo, cabe destacar los siguientes puntos:

- La jubilación ordinaria será del 100% a los 65 años para trabajadores con 38 años y seis meses cotizados. En el resto de los casos, serán los 67 años con un mínimo de 15 años de cotización.

El paso de 65 a 67 años se hará progresivamente entre 2013 y 2027, a razón de un mes por año transcurrido hasta 2018 y de dos desde 2019 hasta 2027. El incremento de 35 años cotizados a 38 y seis meses para percibir el 100% de la pensión con 65 años se hará entre 2013 y 2027, con una cadencia de tres meses por año transcurrido.

- La jubilación anticipada voluntaria podrá solicitarse a partir de los 63 años, con 33 años cotizados y un coeficiente reductor del 7,5% sobre la edad ordinaria de jubilación en cada caso. Además, en situaciones de crisis, podrá haber jubilaciones a partir de 61 años, con 33 años cotizados y un coeficiente reductor del 7,5%, no inferior al 33% ni superior al 42%.

- El periodo de cómputo de la base reguladora pasa progresivamente de 15 a 25 años, a razón de un año por año transcurrido desde 2013 a 2022.

- Cada cinco años, se revisará la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones previstas para garantizar su sostenibilidad.

Además, este amplio acuerdo también incluye importantes medidas en Políticas Activas, sienta las bases para la reforma de la Negociación Colectiva y abre un nuevo periodo de negociaciones en Política Industrial, Energética y en Ciencia y Tecnología.

HACIENDA PONE EN MARCHA UN NUEVO PLAN CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA

2011-02-11T08:32:00.000+01:00

La Agencia Tributaria va a poner en marcha un nuevo plan para luchar contra la economía sumergida con el que se espera reducir notablemente el número de personas que perciben rentas sin declarar y que, al mismo tiempo, cobran el paro u otras prestaciones de la Seguridad Social.

Esas Directrices de actuación, que han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 7 de enero (Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011), contemplan tres grandes ámbitos de acción:

- El primero de ellos lo integran las actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, entre las que cabe destacar el refuerzo de las actuaciones sobre los sectores o actividades en los que existe una mayor percepción del fraude, como es el caso de los profesionales o los contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados.

Además, entre otras actuaciones, se potenciarán las acciones destinadas a combatir la economía sumergida, que se acometerán de un modo conjunto y coordinado con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo que se prevén acciones de carácter presencial.

Asimismo, la ingeniería fiscal y la planificación fiscal abusiva serán áreas de atención preferente, junto con la persecución de las estructuras fiduciarias y entramados societarios creados para evadir el pago de impuestos.

- El segundo de los grandes ámbitos se centra en la lucha contra el fraude en la fase recaudatoria, para lo cual la evaluación del riesgo en la fase de comprobación inspectora se consolida como el criterio que permite conseguir una mayor eficacia recaudatoria.

Se prevé para ello la generalización del programa de actuaciones coordinadas que hace posible anticipar las actuaciones recaudatorias a la fase de liquidación.

Además, se impulsará el control de deudores con incumplimiento sistemático de obligaciones, las actuaciones de control recaudatorio específicas en relación con los procesos concursales, así como las actuaciones de control recaudatorio en relación con los delitos contra la Hacienda Pública.

- El tercer ámbito de actuaciones incluye las de control sobre los tributos cedidos, como expresión de la necesidad de realizar actuaciones coordinadas con las Administraciones de las Comunidades Autónomas responsables de la gestión de tales tributos, entre las que destaca la plena consolidación a lo largo de 2011 del Censo Único Compartido y el carácter prioritario de las actuaciones coordinadas en relación con las operaciones inmobiliarias o societarias más significativas con incidencia en los tributos cedidos.

NOVEDADES DECLARACION ANUAL OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS MODELO 347

2011-02-10T11:05:00.000+01:00

Durante el año 2010 se han aprobado determinadas modificaciones normativas que afectan a la información a incluir en el modelo 347. En este sentido, la Dirección General de Tributos en informe emitido el 26 de febrero de 2010, recibido en el Departamento de Gestión Tributaria el 5 de marzo, establece nuevos criterios interpretativos en relación con la obligación de los arrendadores de incluir las operaciones de arrendamiento de locales de negocio sujetos a retención en el modelo 347:

Durante el año 2010 se han aprobado determinadas modificaciones normativas que afectan a la información a incluir en el modelo 347 y, en algunos casos, el Departamento de Gestión Tributaria no se ha pronunciado hasta el 5 de marzo. En resumen, las modificaciones a tener en cuenta son las siguientes:

1. Operaciones de arrendamiento de locales de negocio sujetos a retención.

2. Cantidades percibidas en metálico superiores a 6.000,00 euros.

3. Compensaciones agrícolas.

Vamos a desarrollar uno a uno estos puntos con el fin de explicar con detalle la información a incluir en el modelo 347.

1.- Declaración en el modelo 347 operaciones de ARRENDAMIENTO de locales de negocio sujetos a retención.

El artículo 33.2.i) del RGAT establece que quedan excluidas del deber de incluir en la declaración anual de operaciones con terceras personas:

“i) En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de suministro de información a la Administración tributaria estatal mediante declaraciones específicas diferentes a la regulada en esta subsección y cuyo contenido sea coincidente.”

En este sentido, de acuerdo con el nuevo criterio establecido por la DGT, aunque las citadas operaciones deban ser objeto de declaración en el modelo 180 por estar sujetas a retención, en el modelo 347 se exige a los arrendadores la consignación de la referencia catastral, dato que no se exige en el modelo 180, y que sin embargo tiene cierta entidad, por cuanto permite la correcta y concreta identificación del local arrendado.

En consecuencia, los ARRENDADORES deberán consignar, en todo caso, en la declaración anual de operaciones con terceras personas las operaciones relativas a arrendamientos de locales de negocio que superen el importe de 3.005,06€.

2.- Cantidades percibidas en metálico superiores a 6.000 euros.

El nuevo apartado 5 en el artículo 35 del RGAT, modifica el criterio de imputación de las cantidades percibidas en metálico superiores a 6.000 euros, previstas en el artículo 34.1.h).

En relación con esta cuestión hay que distinguir 2 supuestos:

a) Cantidades percibidas en metálico relativas a operaciones incluidas en la declaración del modelo 347 correspondiente al ejercicio 2008, y que no se incluyeron en dicha declaración por percibirse en 2009 o por no haber alcanzado hasta el cobro recibido en 2009 un importe superior a 6.000 euros:

De acuerdo con la normativa vigente durante el año 2009 y el criterio establecido por la DGT, en estos supuestos el obligado tributario debió presentar una declaración complementaria correspondiente al ejercicio 2008, adicionando los cobros en metálico recibidos.

b) Cantidades percibidas en metálico en 2010 relativas a operaciones realizadas en durante el año 2009 y que por tanto se incluirán en la declaración del modelo 347 correspondiente al ejercicio 2009:

De acuerdo con la normativa en vigor a partir del 20 de enero de 2010, dichas cantidades en efectivo se deben consignar en la declaración del modelo 347 correspondiente al ejercicio 2010, que se presentará del 1 al 31 de marzo de 2011. Por este motivo en la declaración correspondiente al ejercicio 2009 el programa de ayuda no permite incluir importes en metálico sin vincularlos a una de las operaciones consignadas en la declaración.

Del mismo modo, si durante el año 2010 se perciben cantidades en metálico relativas a operaciones declaradas en el modelo 347 correspondiente al ejercicio 2008, y que no se incluyeron en dicha declaración por percibirse en 2010 o por no haber alcanzado hasta el cobro recibido en 2010 el importe superior a 6.000 euros, se deben consignar en la declaración del modelo 347 correspondiente al ejercicio 2010, que se presentará del 1 al 31 de marzo de 2011.

3.- Compensaciones agrícolas.

La nueva redacción del párrafo e) del apartado 1 del artículo 32 del RGAT establece la obligación de incluir en el 347 las operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones agrícolas hayan expedido el recibo a que se refiere el artículo 14.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

No obstante, no deberán consignar las citadas operaciones en el modelo 347, cuando hayan sido declaradas en el modelo 190, por tratarse de operaciones sujetas a retención.

ACLARACION SOBRE EL % DE IVA DEDUCIBLE EN TURISMOS

2010-12-30T17:36:00.000+01:00

El TEAC aclara qué entiende por acreditación necesaria para demostrar un grado de afección superior al 50% en los vehículos.

La Ley del IVA establece la deducibilidad de las cuotas soportadas en relación con la adquisición de vehículos de turismo del 50 por 100, estableciéndose una presunción "iuris tantum", que puede ser desvirtuada por el interesado si éste puede acreditar que la afectación del vehículo de turismo a la actividad económica es exclusiva o superior al 50 por 100. Es el obligado tributario quien debe acreditar la afectación superior al 50 por 100 por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tema este que ya hemos comentado en anteriores ocasiones.

Una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 8 de junio de 2010, aporta un mínimo de concreción por lo que respecta a la acreditación necesaria para demostrar el grado de afectación del vehículo de turismo a la actividad económica, cuando en ella se dice que es preciso que se aporte unas prueba suficiente (pues la norma así lo exige), al menos indiciaria, que permita dar por probado un panorama en el que la afectación, en el grado propuesto por el obligado tributario, aparezca como lo más normal dados lo indicios que se aporten.

La Resolución que comentamos, cita que dentro de las pruebas indiciarias exigibles hay una que puede ser reclamada, cual es la indicación por la entidad del número de kilómetros anualmente recorrido por el vehículo y la aportación de una relación con las acreditaciones que sean posibles del destino de dichas salidas. Aunque ello puede requerir de la empresa la llevanza de registros de utilización del vehículo, y la preconstitución de pruebas relativas a las salidas efectuadas, no ha de ser una exigencia excesiva para que la demostración del grado de utilización en la actividad económica sea suficientemente convincente.

IMPLANTACION GRATUITA LOPD CON CREDITO FORMATIVO - ¿FRAUDE?

2010-12-30T16:57:00.000+01:00

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo advierte a empresas y consultores, a todos los gestores de formación para el empleo del sistema de bonificaciones de ámbito estatal, sobre la existencia de entidades que de manera gratuita ofrecen servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de protección de datos de carácter personal, que en la práctica financian estos servicios con cargo al crédito asignado para la formación, un hecho que puede llegar a ser constitutivo de fraude.

El Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007 establecen que este crédito está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores.

La Fundación Tripartita ha iniciado un proceso de comprobación de los hechos y puesto en marcha los mecanismos de control oportunos, para constatar las bonificaciones practicadas y evitar en el futuro que las empresas beneficiarias que se bonifican por formación se vean implicadas en una cadena de errores, teniendo que devolver las cuantías bonificadas.

Las empresas que se bonifiquen por la contratación de servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de LOPD, deberán devolver los importes correspondientes y atenerse a las actuaciones pertinentes del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Fundación Tripartita hace un llamamiento a todos los usuarios para que en caso de recibir alguna oferta de este tipo de servicios u otros de similares características, contacten con el servicio al cliente de la Fundación en: servicioalcliente@fundaciontripartita.org.

Más información en: http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=4&MS=105&MN=2&TR=A&IDR=11&id=458

¿ COMO ABARATAR LA FACTURA FISCAL EN RENTA 2010 ?

2010-12-22T09:09:00.000+01:00

Apenas quedan unos pocos dias hábiles de diciembre para aligerar la factura del impuesto sobre las renta de las personas físicas (RENTA 2010) que se liquidara en Junio de 2011. Las distinas ventajas fiscales permiten ahorrar hasta 1.400 euros de media, según los cálculos de los tecnicos de Hacienda, agrupados en el colectivo GESTHA.

Una de ellas, la compra de vivienda habitual, dejará de poder aplicarse para quienes compren el inmueble a partir del 1 de enero si ingresan mas de 24.107 euros al año. Y eso afecta tambien a la vivienda sobre plano, las inversiones en rehabilitacion y las aportaciones a cuentas vivienda.

En la actualidad, mas de cinco millones de contribuyentes que se deducen la compra de vivienda superan esos ingresos. Con esta operacion, el ahorro medio por contribuyente es hoy de 816 euros. Gestha insiste en que la "medida mas efectiva" para "redondear" la factura fiscal final siguen siendo la relacionada con la vivienda habitual.

DEDUCCIÓN Y PRECIOS. El cambio introducido por el Gobierno no afecta a quienes ya disfrutan de esta deducción. Pero, en cambio, a partir del 1 de enero solo podrán aplicarla de forma completa (15%) quienes ganen menos de 17.707 euros. Y entre esta suma y los 24.107 euros se reducirá hasta quedar en nada. La suma máxima deducible será de 9.040 euros (1.356 euros), en lugar de los 9.015 actuales (1.352,25 euros). El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) advierte de que puede ser un buen momento para quienes querían comprar vivienda, ya que se aceptará como realizada la transacción en el 2010 incluso sobre plano. Pero para ello no bastará con una paga y señal, sino que habrá que formalizar un contrato de compra y la casa tendrá que estar terminada en el plazo de 4 años.

En todo caso "hay que valorar si el ahorro vía deducción será mayor que el que se puede producir por la bajada de precios. Eso depende de las zonas. En los centros de ciudades como Madrid o Barcelona, el recorrido a la baja a lo mejor ya es poco, pero no en otra áreas geográficas", afirma Luis del Amo, gerente del REAF. A partir del 1 de enero finaliza el plazo de dos años para disfrutar de la exención por reinversión en vivienda habitual si no se vendió la anterior al adquirir la nueva en el 2006, 2007 y 2008.

Otro elemento es que si no se han superado los 9.015 euros en cuotas de la hipoteca puede ser interesante amortizar anticipadamente parte del préstamo para tener el máximo de deducción.

Desde quattroasesoria recomendamos ver detenidamente las partidas " a optimizar " para que la factura fiscal sea lo mas ligera posible.

DESEMPLEO AUTONOMOS

2010-12-09T17:09:00.000+01:00

El 6 de noviembre de 2010 entró en vigor la Ley 32/2010, de 5 de agosto, que establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, consistente en una prestación económica por el cese temporal o definitivo de la actividad.

REQUISITOS

Los requisitos para acceder a esta prestación son los siguientes:

- Estar afiliados y en situación de alta, y tener cubierta las contingencias profesionales en RETA.

- Tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad: 12 meses

- Encontrarse en situación legal de cese de actividad (*), suscribir compromiso de actividad y acreditar la disponibilidad para reincorporarse al mercado de trabajo.

- No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la prestación contributiva de jubilación.

- Estar al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social.

(*) Se encontrarán en dicha situación, aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las siguientes causas entre otras:

- Motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos. Fuerza mayor determinante del cese temporal y definitivo de la actividad.
- Pérdida de la licencia administrativa, si es requisito para el ejercicio de la actividad.
- Violencia de género determinante del cese de actividad de la trabajadora autónoma.
- Divorcio o acuerdo de separación matrimonial del autónomo colaborador del negocio de su excónyuge.

DURACION Y CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

PERIODO DE COTIZACION (MESES)       PERIODO DE LA PROTECCION (MESES)

            De 12 a 17                                                                     2
            De 18 a 23                                                                     3
            De 24 a 29                                                                     4
            De 30 a 35                                                                     5
            De 36 a 42                                                                     6
            De 43 a 47                                                                     8
            De 48 en adelante                                                          12

La cuantía de la prestación será del 70 % de la base reguladora de los 12 meses anteriores al cese de la actividad.

INCREMENTO DE LA CUOTA

A partir del 6 de Noviembre de 2010, los autónomos que ya cuenten con la cobertura de contingencias profesionales, así como los que las aseguren a partir de entonces, disfrutarán también de la cobertura por cese de actividad. Esta nueva cobertura, supondrá un incremento en la cuota mensual:

- Para aquellos que actualmente tengan concertadas las contingencias profesionales, verán su cuota incrementada automáticamente ya desde el mes de Noviembre, en un 1,7% de su base de cotización.

- Para aquellos que quieran acogerse a esta nueva cobertura por cese de actividad, su cuota se verá incrementada en un primer lugar de un porcentaje en función de su actividad, y en un segundo lugar del 1,7% anteriormente mencionado.

PLAZO

La ley establece un plazo especial hasta el 6 de febrero de 2011 de opción para la cobertura de las contingencias profesionales, y de esta forma acceder a la nueva prestación por cese de actividad, teniendo ambas coberturas efectos desde el primer día del mes siguiente al de su solicitud.

No obstante, fuera de este plazo, podrán optar o renunciar a dichas contingencias antes del 1 de octubre de

cada año, con efectos del 1 de enero del año siguiente.

AYUDA FAMILIAR DE DESEMPLEO PARA AUTÓNOMOS

En la disposición adicional decimotercera de la Ley32/2010 de 5 de agosto sobre el sistema específico por cese de actividad de los trabajadores autónomos, recoge la “Prestación no contributiva para trabajadores autónomos”

Menciona que los trabajadores que hayan cesado su actividad profesional o empresarial a partir del 1 de enero de 2009, y que no reciban ninguna otra ayuda o prestación pública podrán acogerse al cobro mensual de 425 euros durante 6 meses.

Esta disposición adicional está pendiente de un reglamento que desarrolle la normativa. Una vez se conozcan las características, la fecha de entrada en vigor y plazos para acogerse a la misma, les informaremos del funcionamiento de la misma.

MEDIDAS DE ESTIMULO ECONOMICO PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD

2010-12-09T12:41:00.000+01:00

El pasado día 3 de diciembre el Gobierno aprobó un conjunto de medidas para impulsar la actividad económica y favorecer la inversión y la creación de empleo para el ejercicio 2011.

Se amplía de 8 a 10 millones la cifra de negocios para que una entidad sea considerada de reducida dimensión y se permite que tales entidades sigan disfrutando de los beneficios de este régimen especial durante los tres años inmediatos siguientes a aquel en el que superen la nueva cifra de 10 millones de euros, siempre que hayan cumplido las condiciones para ser consideradas de reducida dimensión en los dos años anteriores y en este último.

Se amplía de 120.000 a 300.000 euros el importe de la base imponible de las entidades de reducida dimensión que pueden aplicar el tipo reducido del 25% en el Impuesto sobre Sociedades. Por la base imponible restante aplicarán el 30%.

Se amplía también de 120.000 a 300.000 euros el importe de la base imponible de las entidades, con cifra de negocios inferior a 5 millones y plantilla media inferior a 25 empleados, que pueden aplicar el tipo súper reducido del 20% en el Impuesto sobre Sociedades. Por la base imponible restante aplicarán el 25%.

Se amplia hasta el año 2015 la libertad de amortización para las nuevas inversiones afectas a actividades económicas, que realicen todas las empresas. Actualmente, este beneficio fiscal se aplica con carácter general a las Empresas de Reducida Dimensión -aquéllas que tienen una cifra de negocio anual inferior a ocho millones de euros-, y está vinculado al mantenimiento de la plantilla para el resto, aunque sólo hasta el ejercicio de 2012. Tras este nuevo anuncio, se generalizará este beneficio sin condiciones y sin vincularlo al mantenimiento del empleo.

Además, para favorecer la capitalización de las empresas, a partir de 3 de diciembre, se aprobó la exención total con carácter general y permanente de las operaciones societarias de constitución, ampliación de capital y de aportaciones de socios para reducir pérdidas, en la modalidad de Operaciones Societarias del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se elimina la obligatoriedad del Recurso Cameral Permanente, con lo que a partir de 2011 será voluntaria la permanencia a las Cámaras de Comercio.

Se simplifican las cargas administrativas tanto en la creación como en la vida de las sociedades.

Se elimina la obligación de publicidad en la prensa escrita de determinados actos societarios.

Para ver el texto íntegro pinchar en:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03-2/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf

RESPOSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS

2010-12-09T12:16:00.000+01:00

La reciente reforma del Codigo Penal, que entrara en vigor el proximo 23 de diciembre, introduce la responsabilidad penal de las personas juridicas.

Dicha reforma introduce la responsabilidad penal de las personas juridicas por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, por sus representantes y adminitradores, o por los empleados sometidos a la autoridad de los anteriores, por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

La sociedad será penalmente responsable incluso en aquellos casos en que no se haya individualizado a la persona fisica autora del delito. Los delitos de los que pueden ser directamente acusadas las compañias incluyen conductas como la estafa, insolvencias punibles, espionaje empresarial, abuso de informacion privilegiada, manipulacion de mercado, corrupcion privada y cohecho, blanqueo de capitales, delitos medioambientales, urbanisticos, contra los derechos de los trabajadores, etc.

Las penas a las que se enfrentan las compañias podran variar desde la multa, la inhabilitacion para conseguir subvenciones, ayudas publicas o contratos con la administracion, hasta la intervencion judicial o, incluso, su disolucion. Evidentemente, las compañias podran atenuar o eximir su responsabilidad si establecen un programa de Prevencion y Deteccion de Delitos que incluya al menos los siguientes elementos:

Medidas y controles adecuados para la prevencion y deteccion de delitos
Procedimientos de comunicacion e informacion
Procedimientos de respuesta e investigacion
Procedimientos de revision y mejora del Programa
Todo el proceso debe estar documentado para servir como medio de prueba.

Debido a que la nueva regulacion entrará en vigor el próximo 23 de diciembre de 2010, las compañias deben reforzar sus sistemas de control interno con el objetivo de mitigar el riesgo de comision de delitos. Dichas medidas a adoptar deben quedar suficientemente documentadas para, eventualmente, servir como medio de prueba ante un Tribunal.

Para poder ampliar informacion al respecto de esta reforma, puede entrar en este link http://www.reformapenal.es/

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

2010-11-24T18:32:00.001+01:00

El aspecto más relevante de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se concreta en la decisión del legislador español, gestada desde hace algunos años, de incorporar a nuestra legislación un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas (RPPJs). Con ello se pone fin a una tradición histórica en la que siempre se prescindió de este tipo de responsabilidad; las más recientes intervenciones legislativas que determinaron la previsión de medidas frente a las sociedades también evitaron recurrir a fórmulas que la sugiriesen; nos referimos, en concreto, a las consecuencias accesorias contenidas en el art. 129 CP en su versión anterior a la reforma y a la fórmula de responsabilidad solidaria de la persona jurídica en el pago de la multa impuesta a la persona física autora del delito (art. 31.2) que ahora se suprime. Más allá de lo acertado o desacertado de tales medidas, sí subyacía una lógica preocupación por la necesidad de intervenir de un modo complementario, cuando el delito se ejecute desde una estructura societaria, pero dejando claro que la responsabilidad era únicamente personal e individual.

A la hora de buscar las razones de la decisión político-legislativa, observamos que en la Exposición de Motivos de la LO 5/2010 no se insiste tanto en la "necesidad" real de proceder al castigo penal de los entes sociales, sino que lo que fundamentalmente motiva esta intervención serían los numerosos "instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara frente a las personas jurídicas", para a continuación concretar una serie de "figuras delictivas donde la posible intervención de éstas "se hace más evidente" (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos, etc.), pero sin explicar por qué. Varias de las figuras delictivas enunciadas difícilmente podrán ser ejecutadas desde personas jurídicas, sino que más bien lo serán desde organizaciones criminales, que, por lo general, ni necesitan ni, por tanto, adquieren ningún tipo de personalidad jurídica.

Por lo que respecta a la obligatoriedad de la reforma debida a exigencias de la normativa comunitaria (Directivas y Decisiones Marco comunitarias europeas), dicha afirmación debe ser matizada. En primer lugar, conviene recordar que tanto las Directivas como las Decisiones comunitarias son vinculantes en cuanto a los resultados u objetivos a lograr, pero no respecto a los medios para alcanzarlos. En segundo lugar y aún más importante, los textos que teóricamente reclaman ese modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas no establecen de modo indubitado dicha obligación. Veamos por qué.

Así, en lo que respecta a la responsabilidad de las personas jurídicas que deriva de actos realizados por quien ocupa una posición de mando o cargo directivo en el seno de ésta (primer supuesto) las DM 2000/383/JAI y 2004/757/JAI disponen que los Estados miembros habrán de adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas "puedan ser consideradas responsables o exigírseles responsabilidades por determinadas infracciones de naturaleza penal". Si las afirmaciones se terminaran aquí podría afirmarse, sin más, que la normativa referida está exigiendo la implantación legal de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la consiguiente necesaria previsión de penas para la entidad. Sin embargo, en el mismo texto, y a continuación, aparecen los matices, y así se reclama que, en cuanto al régimen sancionador, se adopten medidas para la imposición de "sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias", que incluirán "multas de carácter penal o administrativo" y podrán incluir otras sanciones, como la inhabilitación para el ejercicio de actividades comerciales. Vemos, por lo tanto, que entre las alternativas se propone la imposición de sanciones administrativas, lo que implica que el régimen de responsabilidad penal, previamente anunciado, es una alternativa y no una obligación. Por lo que respecta al segundo supuesto, en que la responsabilidad de la persona jurídica se debe a la acción de un sujeto sometido a su autoridad y es consecuencia de la falta de vigilancia o control de quienes ocupan una posición de mando o dirección, el Derecho Comunitario obliga a la adaptación de la legislación interna a través de medidas que garanticen que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables o exigírseles responsabilidades -no necesariamente penales, pues no se hace referencia, como en el supuesto anterior, a infracciones de naturaleza penal-, y únicamente se prevé, consecuentemente, la imposición de sanciones o medidas efectivas, proporcionales y disuasorias, sin especificar cuáles han de ser. A su vez, la Directiva 2005/60/CE, en los dos supuestos relativos a directivos o empleados, obliga a que se pueda imputar responsabilidad a las personas jurídicas cuando infrinjan las disposiciones de Derecho nacional adoptadas de conformidad con aquella Directiva (art. 39.1), así como que las sanciones -eficaces, proporcionadas y disuasorias-"puedan" ser de naturaleza penal (art. 39.2). El tercer supuesto, al que se refiere la normativa comunitaria, no distingue en el régimen sancionador de personas jurídicas si la conducta ha sido realizada por un cargo directivo o por un subordinado sujeto a vigilancia o control, previendo en ambos casos "penas efectivas, proporcionadas y disuasorias", que incluirán multas de carácter penal o administrativo para las personas jurídicas y, en su caso, otro tipo de sanciones (arts. 7.1 y 2, y 8 DM 2002/475/JAI; 4.1 y 2, y 5 DM 2002/629/JAI).

En definitiva, resulta discutible que la normativa comunitaria haya exigido la implantación de una fórmula de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entendida como un modelo de imposición necesaria de penas a tales entes colectivos. Más bien, el análisis detallado de los textos nos permite comprobar que la imposición de penas era sólo una alternativa de entre las posibles.

Con la decisión plasmada en la LO 5/2010 se rompe un modelo dogmático que, sin ser intocable, bien merecería una buena razón para su disolución, y no tanto -o no sólo- por su tradición histórica, sino sobre todo por su capacidad para contribuir a la protección de derechos individuales; desde luego no parece que podamos encontrar ese buen motivo en la formulación legislativa de la reforma (reconocimiento de la RPPJs). En principio, no debe despreciarse, sin más, una decisión de política legislativa que un numeroso grupo de Estados han adoptado y que también tiene atractivos referentes doctrinales; en el caso español, al introducir un régimen de RPPJs, como el que se examina, no parece haberse tenido en cuenta las peculiaridades de nuestro país, y no sólo en la configuración teórica del delito, sino también en la realidad societaria que les sirve de referente y, sobre todo, en la legislación mercantil que la sustenta. En todo caso, seguramente lo más rechazable no sea la decisión legislativa de proceder o no al reconocimiento de la RPPJs, sino el modo en que se ha llevado a cabo. No se puede (debe) configurar una fórmula de RPPJs sin realizar un previo análisis de cuáles son los criterios, axiomas y normativa básica societaria que rige en nuestro país; no se pueden redactar normas penales bajo imágenes, bajo tópicos referidos a empresas y quienes los rodean, malvados por definición; es necesario acudir a realidades en vez de a imágenes estereotipadas

MUJER EMBARAZADA ¿DESPIDO NULO?

2010-11-11T08:38:00.000+01:00

Desde que la reforma del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, operada por la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral, estableció que el despido de las embarazadas desde la fecha del inicio del embarazo, es un supuesto específico de nulidad del despido, una de las cuestiones que ha sido discutida más repetidamente por la doctrina y por la jurisprudencia es la relativa a si para que esta causa de nulidad sea válida es necesario o no que el empresario conozca, aunque sea por indicios o manifestaciones de terceros, que la trabajadora estaba embarazada en el momento del despido.

Esta reciente sentencia del Tribunal Supremo (con el voto discrepante de casi la mitad de los magistrados) ha establecido doctrina en los siguientes términos: para que el despido sea nulo por ser a su vez discriminatorio es necesario que la empresa conozca el hecho del embarazo .

Así, si lo desconoce en el momento en que efectúa el despido, la trabajadora no queda protegida, estando ante un despido procedente si el empresario demuestra que la trabajadora ha cometido faltas muy graves, o improcedente, (con la posibilidad de reconocerlo y consignar la indemnización legal correspondiente y los salarios de tramitación devengados hasta el momento del depósito, si el trabajador pone fin a la relación laboral basándose en otra causa distinta a la del embarazo).

La polémica se ha suscitado debido a que existen argumentos para una y otra interpretación. El voto mayoritario del Tribunal Supremo se basa fundamentalmente en la consideración de que el despido de la mujer embarazada constituye una variedad del despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, en este caso, por razones de sexo o de cargas familiares, discriminación que no se produce si el empresario desconoce la situación de embarazo de la mujer trabajadora en el momento del despido.

La sala argumenta también que otra interpretación introduciría inseguridad jurídica en la finalización del contrato de trabajo, argumento que refuerza con el hecho de que la normativa europea en que se inspira la legislación española, la Directiva 1992/85, exige para proteger a la mujer del despido durante el embarazo, la comunicación al empresario con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales, con la consecuencia de que una vez efectuada la comunicación, la mujer está plenamente protegida frente al despido, no teniendo que demostrar que es discriminatorio, ya que lo es por mandato de ley.

Por el contrario el voto minoritario de este mismo tribunal entiende que la calificación como nulo del despido de la trabajadora embarazada es automática sin necesidad de haber comunicado el embarazo previamente al empresario, ya que éste requisito, que seguramente iría en contra de su derecho a la intimidad, no se establece en norma alguna de la legislación laboral española, de lo que se desprende que es más avanzada que la de la Unión Europea, por lo que ha de prevalecer al ser favorable para el trabajador, de acuerdo con el propio derecho del Trabajo.

VALORAR LAS RETRIBUCIONES DEL ADMINISTRADOR A PRECIO DE MERCADO

2010-11-11T08:04:00.000+01:00

En una reciente sentencia de fecha 11 de marzo, la Audiencia Nacional considera como retribución del capital los importes satisfechos como salario a un socio, administrador en lo que exceden el valor normal de mercado.

En definitiva, la Sentencia de la Audiencia Nacional hace suyos los argumentos esgrimidos tanto por la Inspección como por el TEAC, concluyendo que lo que excede de la contraprestación normal de mercado, o se considera retribución del capital o bien una liberalidad de la empresa para con el administrador, igualmente no deducible del Impuesto sobre Sociedades y sería asimismo renta computable en la persona física.

La Inspección de los Tributos llegó a determinar el valor normal de mercado en la retribución del administrador a través de una muestra de 52 empresas de la misma región y con mayor volumen de ventas, desprendiéndose de dicha muestra que en la mayoría de los casos analizados, la retribución recibida por el directivo era inferior al 1 por 100 del volumen de ventas, mientras que en el caso objeto de inspección la proporción entre el salario y el volumen de ventas oscilaba entre un 37 y un 50 por 100.

IMPORTANTE MODIFICACION EN LAS LIQUIDACIONES DE IVA

2010-11-11T07:57:00.001+01:00

Una resolución firme del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) del 29 de junio pasado, resolviendo un recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, contra la Resolución del TEAR de Cataluña, de fecha 22 de mayo de 2008, anula las liquidaciones anuales del IVA realizadas por la Agencia Tributaria. El TEAC sostiene en la Resolución que comentamos que las liquidaciones que practique la Agencia Tributaria por este tributo deben coincidir con su periodo de declaración, mensual o trimestral, y estima que son contrarias a Derecho las efectuadas con carácter anual, lo que ha sido habitual en la praxis de la AEAT. La Resolución comentada, afecta a las liquidaciones del IVA correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009 por no estar prescritas, así como las liquidaciones recurridas de años anteriores y pendientes de sentencias firmes.

En la práctica esta resolución afecta a los contribuyentes que hayan sido objeto de un procedimiento de comprobación o inspección y hayan recurrido las liquidaciones derivadas de dichos procedimientos.

Debemos recordar, no obstante, el criterio del Tribunal Supremo en el sentido de que la prescripción de las declaraciones de IVA se inicia con la presentación del resumen anual del IVA como ya hemos comentado. Así, el hecho de que la Administración deba emitir liquidaciones en base a los periodos de liquidación del sujeto pasivo, no conlleva que el cómputo de la prescripción deba contarse desde la finalización del plazo de presentación de la declaración periódica, sino desde la presentación del resumen anual.

ANALISIS DE LA REFORMA LABORAL 2010

2010-09-23T14:03:00.000+02:00

El pasado sábado se publicó en el BOE la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Asimismo, os dejo enlaces de cuadros muy importantes para entender la Reforma Laboral asi como un enlace de un video explicativo muy ilustrativo.

Tras su paso por el Senado y el Congreso, en donde se han realizado algunas modificaciones al Real Decreto Ley 10/2010 de junio, finalmente la Ley de la Reforma Laboral entró en vigor ayer domingo. Muchas de sus medidas (como ya lo hizo el Decreto) son de aplicación inmediata:

Contrato de Fomento del Empleo. Su contenido se ha visto modificado sustancialmente reduciendo a un mes la exigencia del período de permanencia en el desempleo y posibilitando el acceso al mismo de los trabajadores que, en los últimos años, solo hayan suscrito contratos de duración determinada o a quienes se les haya extinguido un contrato de carácter indefinido.
Limitación de la duración del contrato de obra o servicio. Este contrato no podrá durar más de tres años, prorrogable por 12 meses más si así se establece por convenio colectivo. Tras la aprobación de la Ley 35/2010, se especifica más claramente la no aplicación del límite a las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años.
Encadenamiento de contratos temporales El encadenamiento, tras la aprobación del Real Decreto-Ley, también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente. La nueva Ley 35/2010 ha aumentado el número de situaciones en que no es de aplicación la limitación al encadenamiento: contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.Asimismo, además de la obligacion del empleador de facilitar un documento justificativo sobre su condición de trabajador fijo cuando se cumplan las condiciones, se recoge desde la reforma aprobada en septiembre, la posibilidad de que el trabajador pueda solicitar, por escrito, al Servicio Público de Empleo correspondiente un certificado de los contratos de duración determinada o temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar su condición de trabajador fijo en la empresa.
Contrato de Formación. Se eleva (en determinados casos) su uso hasta los 24 años y se mejora la cobertura social al dotarlo de protección al desempleo y eximirlo de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como una mejora del salario.
Despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se da una nueva redacción a estas causas que establece el Estatuto de los Trabajadores. Se incluyen también determinadas disposiciones en relación con el preaviso (reduciéndose a 15 días) y el incumplimiento de los requisitos formales en la extinción del contrato por causas objetivas (se elimina la disposición que establecía que, en caso de incumplirse los requisitos formales, el acto de subsanación supondrá un nuevo acto extintivo, tomándose la última fecha, es decir, la subsanación se aplicaría al acto extintivo original, no se originaría un nuevo acto extintivo). Tras la reforma del 17 de septiembre, se ha matizado cuándo se entiende que concurren las causas econó micas y técnicas en la empresa, concretando las situaciones en que puede entenderse que concurran las circunstancias señaladas.
Despido colectivo. La Ley 35/2010 modifica el régimen, reduciendo a siete días el plazo en el que la autoridad laboral debe pronunciarse en caso de producirse con acuerdo e introduciendo la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la entidad gestora de la prestación por desempleo. También se recoge, en caso de ausencia de representación sindical, que los trabajadores puedan asignar su representación a una comisión formada por los sindicatos más representativos.
Absentismo laboral. Se facilita el despido objetivo por absentismo laboral y se rebaja del 5% actual al 2,5% el índice de absentismo total que necesita una empresa para poder despedir por causas objetivas a un trabajador con faltas reiteradas al trabajo (el 20% en dos meses seguidos).
FOGASA. Abono por parte del fondo de Garantía Salarial de 8 días en la indemnización por despido objetivo en los nuevos contratos de fomento del empleo estable (33 días por despido improcedente) si no también en los contratos indefinidos ordinarios (45 días de indemnización). Es una solución temporal, pendiente de la implantación del Fondo de Capitalización para contratos indefinidos.
Fondo de Capitalización para contratos indefinidos. Se plantea la posibilidad de crear un Fondo de capitalización para los trabajadores mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar. Su regulación se aprobará un proyecto de ley en el plazo de un año. En todo caso, el Gobierno señala que este fondo deberá estar operativo a partir del 1 de enero de 2012, siendo de aplicación a los nuevos contratos indefinidos que se celebren a partir de esa fecha.
Incremento a 12 días de la indemnización por finalización de los contratos temporales. Es de aplicación escalonada, aumentando 1 día por año, siendo 9 días a partir del 1 de enero de 2012 y finalizando en los 12 días a partir del 1 de enero de 2015.
Se potencia la reducción de jornada. Se ofrece como alternativa al despido, aunque las empresas que decidan aplicar estas suspensiones temporales –por causas económicas o de fuerza mayor– no podrán hacerlo en tiempo superior a un año
Mayor control a los desempleados. Los trabajadores desempleados podrán ser sancionados si rechazan los cursos de formación ofrecidos en un plazo que baja de 100 a 30 días.
Regulación de las agencias de colocación, públicas y privadas. Se introducen las Agencias de Colocación, pendientes de desarrollo normativo, y se produce una amplia modificación de las Empresas de Trabajo Temporal, adaptando su regulación a la normativa comunitaria.
Promoción de la mediación y el arbitraje
Modificación de la cláusula de inaplicación salarial
Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
Modificación de las bonificaciones a la contratación indefinida

Debe tenerse en cuenta que se trata de una reforma de profundo calado, que ha provocado profundos cambios en la normativa básica de Derecho del Trabajo, afectando, entre otras normas, a:

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.

>> Ver la Ley

AUTONOMOS, POR FIN TENEIS PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD

2010-09-21T11:52:00.000+02:00

La regulación de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos ya es una realidad, una vez aprobada la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, publicada en el B.O.E. de 6 de agosto.

Tal y como avanzábamos en nuestros Apuntes de Junio, el pleno del Congreso de los Diputados, del pasado 27 de mayo, aprobó por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley por la que se establecía esta nueva prestación.

Ámbito de aplicación

Esta protección alcanzará a todos los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) de la Seguridad Social cubiertos por las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el ámbito del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios y los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Acción protectora

La acción protectora del sistema comprenderá:
1º. Prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
2º. Abono de la cotización por contingencias comunes de la Seguridad Social.
3º. Medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios.

Situación legal de cese de actividad

La situación legal de cese de actividad se producirá cuando los trabajadores finalicen su actividad por alguna de las siguientes causas:
Motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos
1º. Pérdidas en la actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos.
2º. Ejecuciones judiciales por deudas reconocidas que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior.
3º. La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad.
4º. Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional.
5º. Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional.
6º. La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.
7º. Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado.
Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes
Para este colectivo, además de los motivos detallados anteriormente, también se encontrarán en situación legal de cese de actividad cuando se produzca la extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los siguientes supuestos:
1º. Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.
2º. Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
3º. Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
4º. Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.
Cualquiera de las causas alegadas que justifiquen la situación de cese de actividad, deberá acreditarse documentalmente.

Duración de la prestación

La duración de la protección estará en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese, de acuerdo a una escala.

En los casos de trabajadores autónomos de entre 60 a 64 años, se incrementa la duración de la prestación.

El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido y hubiere disfrutado el derecho a la prestación económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento siempre que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido doce meses desde la extinción del derecho anterior.

Cuantía de la prestación

La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, será de un 70% de la base reguladora del trabajador. Esta base reguladora se obtendrá del promedio de las bases de cotización de los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.
La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), incrementado en una sexta parte, salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo; en tal caso, la cuantía será, respectivamente, del 200% o del 225% de dicho indicador.

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107% o del 80% del IPREM, incrementado en una sexta parte, según el trabajador autónomo tenga hijos a su cargo, o no.

Para calcular las cuantías máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se entenderá que se tienen hijos a cargo, cuando éstos sean menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33%, carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan con el beneficiario.

Cotización de la prestación

La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia de los trabajadores autónomos que tuvieran protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La fecha de efectos de dicha cobertura comenzará, tanto para la prestación por cese de actividad, como para las contingencias profesionales, a partir del primer día del mismo mes en que sea formalizada.
El tipo de cotización correspondiente a la prestación por cese de actividad será del 2,2%, aplicable sobre la base de cotización elegida por el trabajador. Los trabajadores autónomos acogidos a esta prestación, disfrutarán de una reducción del 0,5% en las cotizaciones por contingencias comunes.

Supuestos especiales

Mediante diferentes disposiciones adicionales de la norma analizada, se establecen las condiciones que deben cumplir los siguientes colectivos para acceder a la prestación por cese de actividad:
- Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.
- Trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente.
- Trabajadores por cuenta propia agrarios.

Prestación no contributiva para trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad profesional o empresarial a partir de 1 de enero de 2009 y que no reciban ninguna otra ayuda o prestación pública, tendrán derecho a una prestación económica de carácter no contributivo.
Esta prestación consiste en un cobro mensual de 425 euros durante un máximo de seis meses. La percepción de este importe está vinculada al compromiso de la búsqueda activa de ocupación por parte del beneficiario y a la realización de un mínimo de 180 horas de formación.
Los beneficiarios de la prestación deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tres de los últimos cinco años.
b) Que la media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del SMI.
c) Otros que se establezcan reglamentariamente.
Esta prestación será compatible con otras prestaciones de las Comunidades Autónomas. El Gobierno regulará, en el plazo de tres meses, las condiciones para el acceso a esta nueva prestación.

Entrada en vigor

Esta prestación entrará en vigor el próximo 6 de noviembre. A partir de dicha fecha, se abrirá un período excepcional de tres meses para que aquellos trabajadores autónomos que no cuenten con la cobertura de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, puedan optar a proteger estas contingencias, para poder acceder a las prestaciones por cese de actividad.

LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

2010-09-20T19:05:00.000+02:00

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de julio, mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por el que se unifica en un único texto legal la normativa sobre sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas cotizadas y sociedades comanditarias por acciones, es decir, las sociedades de capital existentes en nuestro sistema.

Según la nota informativa aportada por el Consejo de Ministros, esta nueva Ley, vigente desde el 1 de septiembre de 2010 (salvo el art. 515, relativo a la nulidad de las cláusulas limitativas del derecho de voto, que lo hará desde el 1 julio de 2011), “pone fin a la insuficiente coordinación de los distintos tipos sociales, así como a las imperfecciones y lagunas existentes”.

Dicha situación tendría su origen en la existencia de dos textos legales independientes, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953, cuyas descoordinaciones, imperfecciones y lagunas legales, únicamente habían sido resueltas por la jurisprudencia. Asimismo, estas dos normas debían coordinarse con la regulación de las sociedades comanditarias por acciones y con la de las sociedades anónimas cotizadas.

La necesidad de coordinar esta diversa regulación, se puso de manifiesto en la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Además de adaptar la ley española a la normativa europea y reformar el régimen de modificaciones estructurales, dicha ley introdujo, en su Disposición Final Séptima, una habilitación al Gobierno para que en un plazo de doce meses procediese a refundir en un único texto las leyes reguladoras de las sociedades de capital.

De este modo, con la aprobación de la nueva Ley de Sociedades de Capital, a partir del 1 de septiembre quedaron derogados el Texto refundido de la Ley Sociedades Anónimas de 1989 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995. Asimismo, se han derogado varios artículos de la Ley de Mercado de Valores de 1988, así como del Código de Comercio de 1885 (entre ellos, los artículos 151 a 157 relativos a la sociedad en comandita por acciones).

Cabe hacer referencia a cuáles son los objetivos de la nueva Ley de Sociedades de Capital. En primer lugar, es claro el interés del legislador de recoger en un único texto legal las normas señaladas con anterioridad. En segundo lugar, debemos destacar un triple objetivo de gran importancia: la regularización, la aclaración y la armonización de dichas normas. De este modo, la Ley no sólo reproduce las normas sobre sociedades de capital, sino que además ha llevado a cabo modificaciones que habrá que tener en cuenta en la práctica diaria.

Tal y como señala la Exposición de Motivos de la Ley, para alcanzar el objetivo de la regularización “se ha modificado, en ocasiones, la sistemática, a la vez que se han intentado reducir las imperfecciones de las proposiciones normativas”, si bien el texto refundido “contiene la totalidad de lo que refunde”.

Asimismo, junto con la regularización se realizan pequeñas aclaraciones de aquellas dudas interpretativas que hasta el momento podían surgir en las normas que refunde.

En cuanto al tercer objetivo, la armonización, debemos destacar la desaparición de numerosas remisiones al producirse la generalización de soluciones que en un principio se preveían solo para un tipo societario. La propia exposición de motivos señala que la nueva Ley de Sociedades de Capital ha articulado los textos por razón de materias con las oportunas generalizaciones, “sin perjuicio de consignar, dentro de cada capítulo o sección, o incluso dentro de cada artículo, las especialidades de cada forma social cuando real y efectivamente existieran”.

Como ejemplo de modificaciones que van más allá de una mera refundición de normas, destacamos el cambio introducido para el capital social mínimo, que se redondea para evitar que la conversión de pesetas a euros cree cantidades con decimales. De este modo, las sociedades anónimas pasan a tener un capital social mínimo de 60.100 euros (frente a los 60.101,21 euros anteriores) y las sociedades de responsabilidad limitada de 3.000 euros (frente a los antiguos 3.005,06 euros).

Como conclusión, señalar que la aprobación de la nueva Ley de Sociedades de Capital es un gran paso para la reordenación de la normativa existente en esta materia, a pesar de que no elimine totalmente su dispersión. Es por ello, que el apartado V de la exposición de motivos de la Ley de Sociedades de Capital, señala que el nuevo texto refundido nace “con decidida voluntad de provisionalidad”, esperando que en el futuro se realicen nuevas e importantes reformas. Aspira, incluso, a que se cree un único cuerpo legal que contenga “la totalidad del Derecho general de las sociedades mercantiles, incluido el aplicable a las sociedades personalistas”. La confianza del legislador en la posibilidad de llevar a cabo dichas reformas es tal, que en la exposición de motivos va más allá y considera posible la aprobación de un “Código de las Sociedades Mercantiles” y hasta de un nuevo “Código Mercantil”.

De aprobarse dichos textos legales, no faltarían motivos para calificar esta reforma de ambiciosa, dado que tendría que adaptar a la realidad de nuestro siglo el vigente Código de Comercio de 1885, aprobado hace ya 125 años.

EN QUE CONSISTE LA SUBIDA DEL IVA?

2010-09-15T08:45:00.000+02:00

Probablemente, este es el artículo menos divertido del blog, pero no por ello menos necesario: hay que explicar (el IVA).

El 1 de julio de 2010 se ha producido un cambio en el Impuesto sobre el Valor Añadido, comúnmente conocido como IVA. Es, junto al IRPF, el impuesto con el que más familiarizados estamos los ciudadanos españoles. Este cambio se ha llevado adelante por parte del Gobierno del PSOE en el marco de una serie de medidas para enfrentar la crisis económica. Más concretamente, para enfrentar el aumento de déficit público en que el Estado ha incurrido en la lucha contra la mencionada crisis.

La medida no es complicada, pero el IVA no es sólo uno, sino tres (tipos especiales aparte). Los cambios que se van a producir están resumidos en la siguiente tabla:

El último punto, el de rehabilitación, lo discutire con detalle en un artículo ad hoc. Porque no está tan claro que haya una reducción real con respecto a lo que existe actualmente. Pero, quitando ese caso, está claro que el normal y el reducido suben dos y un punto respectivamente, y el superreducido (productos de primera necesidad, en esencia) se mantiene.

Opiniones sobre los efectos de esta medida hay tantas como entrenadores de futbol en la calle. De hecho, ni siquiera la clásica línea divisoria entre neoclásicos y keynesianos parece demasiado clara en este caso. Porque se aumenta un impuesto, sí, pero es indirecto. Y eso conlleva un cierto grado de conflicto para cualquier postura integrista.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES

2010-09-07T11:39:00.000+02:00

Se ha aprobado la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para ver texto completo hacer clic aquí >>>>

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incorporó a nuestro derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales, esta legislación ha de adaptarse a los cambios que se han producido en el entorno económico y modificarse para que sea ampliamente aplicable, tanto en el ámbito de las empresas españolas, como en el del sector público.

Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.

Con este objetivo, resulta particularmente importante en la presente Ley, suprimir la posibilidad de «pacto entre las partes», la cual a menudo permitía alargar significativamente los plazos de pago, siendo generalmente las PYMES las empresas más perjudicadas.

La reforma tiene por objeto corregir desequilibrios y aprovechar las condiciones de nuestras empresas con el fin de favorecer la competitividad y lograr un crecimiento equilibrado de la economía española, que nos permita crear empleo de forma estable, en línea con una concepción estratégica de la economía sostenible.

En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, se reduce a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Por otra parte, se propone un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos, y se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.

En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se establece un plazo máximo de pago de 60 días por parte de empresas para los pagos a proveedores. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago. A este efecto se establece un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013. Por otra parte, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.

Los plazos de pago establecidos en esta Ley se adecuan con lo preceptuado en la Directiva Europea. El régimen general previsto en el apartado 1 del artículo 3 de la misma se aplica a los pagos efectuados por las administraciones públicas, así como a los de productos de alimentación frescos y perecederos, mientras que se establece en 60 días el plazo de pago de las operaciones comerciales entre empresas conforme al apartado 2 del mismo artículo, con objeto de recortar las elevadas demoras en los cobros en sectores básicos.

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA INVERSIONES XUNTA DE GALICIA 2010

2010-05-20T17:09:00.000+02:00

A continuación procedemos a informarles someramente de las líneas de financiación, ayudas y subvenciones publicadas por la Xunta de Galicia hasta el día de hoy más sobresalientes y de interés empresarial. La característica de este año es sin duda lo mucho que han tardado la administración autonómica en publicarlas y el poco tiempo que se concede para la presentación de candidaturas en casi todas ellas.

SUBVENCIONES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LAS SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN (EMPRESAS TIC GALLEGAS)

Resolución del 14 de Abril de 2010 (DOG N 80 do 29/04/2010) (Plazo: 29/Mayo/2010)

Subvenciones a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva para potenciar el desarrollo del sector empresarial de las Sociedad de la Información a las empresas gallegas, antiguas ayudas TIC para empresas gallegas dedicadas a la tecnología, la informática y las comunicaciones.

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DE LA EMPRESA DIGITAL EN EL ÁMBITO DEL PLAN AVANZA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.

Resolución del 15 de Abril de 2010 (DOG N 80 do 29/04/2010) (Plazo: 29/Mayo/2010)

Subvenciones a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva para la adquisición e implantación de nuevos productos y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación para el fomento de la empresa digital en Galicia, debe existir un proyecto de cooperación expresa entre una empresa de cualquier sector gallego y una TIC gallega.

PROGRAMA ANUAL PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 2010

Orden del 22 de Abril de 2010 (DOG N 79 do 28/04/2010) (Plazo: 30/Junio/2010)

Subvenciones a fondo perdido para financiar aquellos proyectos empresariales que faciliten la creación de su propio puesto de trabajo a las personas desempleadas que pretendan desenvolver su actividad empresarial en Galicia como trabajadores/as autónomos o por cuenta propia. Tipo de ayudas: Ayuda al autónomo por su alta, Subvención Financiera, Asistencia Técnica, Formación especializada, Ayuda excepcional para los gastos de la actividad, Ayuda a la primera contratación de trabajador indefinido.

PROGRAMA ANUAL INCENTIVOS A LAS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPLEO DE BASE TECNOLÓGICA (IEBT) 2010

Orden del 23 de Abril de 2010 (DOG N 83 do 04/05/2010) (Plazo: 30/Junio/2010)

Subvenciones a fondo perdido para impulsar la creación de nuevas iniciativas empresariales de base tecnológica en la Comunidad Autonómica de Galicia a través del financiamiento parcial de los costes iniciales necesarios para la puesta en marcha de estos proyectos empresariales innovadores de contenido científico y/o tecnológico. Es requisito indispensable la clasificación previa de la empresa como IEBT por la Conselleria competente.

PROGRAMA DE LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE EMPLEO (I+E+E) 2010

Orden del 7 de Mayo de 2010 (DOG N 92 do 18/05/2010) (Plazo: 30/Junio/2010)

Subvenciones a fondo perdido para ayudar a las empresas privadas de nueva creación en forma de sociedad, cualquiera que sea su forma jurídica limitada o anónima que generen empleo estable para personas desempleadas, incluidos los propios promotores o socios de la misma, y que tengan su domicilio social en algún Concello de Galicia. Tipos de ayuda: Ayuda a fondo perdido por los puestos de trabajo estable que se creen incluidos socios autónomos, subvención financiera, ayuda de asistencia técnica, gastos del inicio de actividad, ayuda para la conciliación de la vida personal familiar y laboral.

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABALLADORAS 2010.

Orden de 4 de Mayo de 2010 (DOG N 86 de 07/05/2010) (Plazo: 30/Junio/2010)

Por primera vez la Conselleria de Traballo publica conjuntamente todas y cada una de las ayudas a la contratación de todos los colectivos, centrándose en la contratación indefinida salvo ciertos colectivos muy específicos donde admite la contratación temporal. Ver cuadros de la circular laboral mes de mayo 2010.

PROGRAMA DE INTEGRACION LABROAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EMPRESA ORDINARIA Y FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCPACIDAD EN EL MERCADO ORDIINARIO DE TRABALLO – CONTRATACION DE MINUSVALIDOS – 2010.

Orden de 23 de Abril de 2010 (DOG N 81 de 30/04/2010) (Plazo: 30/Junio/2010)

Por primera vez la Conselleria de Traballo publica conjuntamente todas y cada una de las ayudas a la contratación de este colectivo de personas discapacitadas. Ver cuadros de la circular laboral mes de mayo 2010.

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Orden del 14 de Abril de 2010 (DOG N 77 do 26/04/2010) (Plazo: 15/Noviembre/2010)

Subvención a fondo perdido para la protección de las invenciones desenvueltas por empresas, instituciones sin fin de lucro o personas físicas en Galicia, así como para la protección de los diseños industriales creados por las empresas gallegas o para el registro de las MARCAS y NOMBRES COMERCIALES que van a utilizar para la comercialización de sus productos.

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ARTESANAL GALLEGO

Orden del 27 de Abril de 2010 (DOG N 83 do 04/05/2010) (Plazo: 01/Junio/2010)

Tradicional subvención a fondo perdido a las asociaciones, cooperativas y artesanos gallegos inscritos como tales el Registro de Maestros Artesanos de Galicia que financia desde la instalación hasta proyectos de inversión y consolidación de este sector.

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE HOTELES (GRUPO I)

Resolución del 21 de Abril de 2010 (DOG N 81 do 30/04/2010) (Plazo: 01/Junio/2010)

Subvenciones a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la implantación de estándar de calidad y servicios complementarios que contribuyan a renovar la estructura y la oferta de la planta hotelera de Galicia.

SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE RESTAURANTES UBICADOS EN EDIFICIOS SINGULARES CON RECONOCIMIENTO OFICIAL, NUCLEOS HISTORICOS, PARAJES O PAISAJES NATURALES DE CUALQUIER RECONOCIMEINTO OFICIAL AL OBJETO DE POTENCIAR EL TURISMO.

Resolución del 29 de Abril de 2010 (DOG N 86 do 07/05/2010) (Plazo: 07 /Junio/2010)

Novedad 2010 en las Subvenciones de la Xunta de Galicia destinada a apoyar las inversiones y mejoras necesarias de aquellos restaurantes sitos en edificios históricos o singulares que cuente con algún tipo de reconocimiento oficial, cascos históricos de cualquier ayuntamiento de Galicia, así como parajes y paisajes protegidos o no.

SUBVENCIONES PARA POTENCIAR E MELLORAR EL TURISMO DE SALUD.

Resolución del 29 de Abril de 2010 (DOG N 86 do 07/05/2010) (Plazo: 07 /Junio/2010)

Otra de las novedad 2010 en las Subvenciones de la Xunta de Galicia destinada a apoyar las creación así como el mantenimiento y mejora de las nuevas categorías turísticas: Hoteles-Balnearios y Hoteles- Talaso, de lo que se ha venido en denominas TURISMO DE SALUD.

Tenga presente que ante cualquier expectativa de subvención por alguna de las anteriores causas, deberá confirmar con nuestro departamento fiscal si se dan las condiciones permiten la obtención de la subvención pretendida.

AYUDAS Y SUBVENCIONES SOCIO-LABORALES 2010

2010-05-20T16:54:00.000+02:00

Las nuevas ayudas para el fomento de la contratación son:

CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL

Desempleados de larga duración
Desempleados que agotasen las prest. por desempleo.
Desempleados mayores de 45 años
Desempleados de 30 o menos años, sin cualificación
Jóvenes desempleados con cualificación.
Otros.

El importe de las ayudas oscila entre 4.000 y 14.100 euros y como fecha limite tiene el 30 de Junio de 2010.

TRANSFORMACIÓNCONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS

Microempresas, transformación de cualquier modalidad de contrato de trabajo temporal.
Empresas restantes, transformación de cualquier modalidad de contrato de trabajo temporal siempre que se realice una contratación indefinida inicial perteneciente a los colectivos:

                       -     Desempleados de larga duración.
                       -     Desempl. que agotasen las prest por desempleo
                       -     Otros.

El importe de las ayudas oscila entre 2.500 y 3.000 euros y como fecha limite tiene el 30 de Junio de 2010.

CONTRATACIÓN TEMPORAL

Perceptores renta integración social
Víctimas violencia doméstica.
Mujeres procedentes de casas de acogida.
Otros.

El importe de las ayudas oscila entre 1.800 y 5.040 euros y como fecha limite tiene el 30 de Junio de 2010.

CONTRATACION INDEFINIDA DISCAPACITADOS

Contratos indefinidos, temporales o transformaciones de temporales.

El importe de las ayudas oscila entre 3.907 y 5.107 euros y como fecha limite tiene el 30 de Junio de 2010. Dicha solucitud hay que realizarla a los 2 meses de la contratacion.

Advertimos especialmente que, además de los requisitos indicados en cada programa de contratación, se exigen otros específicos, por lo que antes de cada contratación o transformación deberá consultar si procede o no la subvención en cada caso.

Las cuantías indicadas podrán verse incrementadas o reducidas en función de las características específicas del trabajador y de la jornada, entre otros:

* Porcentaje de trabajadores fijos y temporales.

* Duración del contrato (contrataciones temporales).

* Contratación a jornada parcial.

Tenga presente que ante cualquier expectativa de subvención o bonificación por la contratación de personal, deberá confirmar con nuestro departamento laboral si el contrato o las condiciones laborales permiten la obtención de la bonificación o subvención pretendida.

PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2010 ¿DEMASIADO AGRESIVO?

2010-04-29T08:51:00.000+02:00

Como cada año, se publican las Directrices del Plan de Control Tributario que afectarán al ejercicio y que consecuentemente afectarán a las áreas en que la inspección fiscal concentrará sus actuaciones.

De estas directrices, recogidas en la resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicada en el B.O.E. del día 19 de enero, se detallan las áreas de riesgo fiscal preferente centrándose básicamente en las siguientes:

Entramados societarios

Se mantiene como elemento esencial de la lucha contra el fraude fiscal la investigación de los entramados societarios dirigidos al fraude fiscal y al blanqueo de capitales así como de las prácticas financieras que puedan propiciar la opacidad de cuentas u operaciones.

Operaciones económicas con utilización de cantidades significativas de dinero en efectivo

Se realizarán acciones dirigidas al conocimiento y control de las operaciones económicas con utilización de cantidades significativas de dinero en efectivo, especialmente en las que se hubieren utilizado billetes de alta denominación. En este mismo ámbito, se realizarán controles de contribuyentes que presentan signos externos de capacidad económica que no se corresponden con los rendimientos declarados, destacando en esta línea el control de las actividades profesionales.

IVA en operaciones intracomunitarias

Se intensificará la lucha contra las tramas de fraude en el ámbito del IVA que grava las operaciones intracomunitarias. En particular, se dará prioridad a las actuaciones de carácter preventivo, en relación con el acceso y seguimiento de sujetos inscritos en el Registro de Operadores Intracomunitarios y en el Registro de Devolución Mensual.

También se incidirá en el control de los contribuyentes aparentemente inactivos domiciliados en los llamados "nidos de sociedades" y "sociedades buzón".

Economía sumergida

En colaboración con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social se detectarán las situaciones anómalas para proceder a iniciar los procedimientos de regularización que resulten pertinentes.

Sector inmobiliario

Se incidirá especialmente en el control de las operaciones importantes de promoción y construcción inmobiliaria así como en la comprobación de las transmisiones de vivienda efectuadas por particulares.

Prevención de la presentación de declaraciones periódicas por importes inferiores a los que correspondan

Se pondrá especial atención en materia de retenciones e IVA de 2010 para evitar traslados de saldos a periodos impositivos siguientes así como la aplicación de tipos o bases de tributación inferiores a los legalmente procedentes.

Operaciones de ingeniería fiscal y de interposición de sociedades sin nivel relevante de actividad económica

Las actuaciones se dirigirán a la detección de formas de fraude basadas en la utilización de figuras anómalas o en el uso improcedente de determinados beneficios fiscales que supongan el desarrollo de estructuras de planificación tributaria abusiva. En especial:

- Disolución de sociedades transparentes y, en su caso, de sociedades patrimoniales.

- Operaciones de fusión, escisión, aportaciones y canje de activos acogidas al régimen especial.

- Reducciones de capital con adquisición previa de acciones.

- Vaciado de los resultados contables o bases imponibles de los obligados tributarios mediante la deducción de gastos financieros, provisiones de cartera y deducciones fiscales.

- Ajustes al resultado contable, cuando éste sea de importe relevante, o ajustes a la base imponible o deducciones en la cuota que determinen una autoliquidación en el Impuesto sobre Sociedades con resultado muy reducido.

Control de las devoluciones de IVA

Se controlarán especialmente las solicitudes de devolución de IVA, tanto de carácter anual como mensual.

Comercio exterior

Se prestará atención preferente al control de los recursos propios y ayudas comunitarias a la exportación de productos agrícolas. Se intensificará el control en importaciones de Asia, textil y calzado especialmente, y en materia de subvaloración, regímenes preferenciales, incumplimientos de política comercial y derechos antidumping, importación de mercancías que se benefician de exenciones en el IVA y de productos agrícolas y de la pesca.

LA AGENCIA TRIBUTARIA IMPONE NUEVAS OBLIGACIONES INFORMATIVAS

2010-04-29T08:35:00.000+02:00

Un Real Decreto del Ministerio de la Presidencia publicado en el BOE del pasado día 19 de enero y con entrada en vigor el día 20 de dicho mes, ha establecido nuevas obligaciones de información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para "aumentar la eficacia contra el fraude fiscal", que seguidamente resumimos.

Operaciones bancarias de empresarios y profesionales. Las entidades financieras tendrán que informar anualmente y sistemáticamente a la AEAT de las cantidades que entreguen o reciben en metálico por importe superior a 3.000 euros, así como de las operaciones realizadas por empresarios o profesionales adheridos al sistema de cobros mediante tarjeta de crédito o débito cuanto el importe neto anual de dichos cobros exceda de 3.000 euros.

También dichas entidades financieras vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual de los saldos por importe superior a 6.000 euros, existentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos por ellas concedidos.

Operaciones inmobiliarias. Los notarios deberán indicar con claridad los medios de pago empleados en las transacciones en las que intervengan como fedatarios: metálico, transferencia bancaria, domiciliación, cheques u otros instrumentos de giro. Este dato quedará incorporado en el documento público.

El Consejo General del Notariado deberá informa a la AEAT cuando no queden identificadas las cuentas bancarias de cargo y abono.

Supuestos de creación de entidades con la única finalidad de transmitir posteriormente sus acciones, participaciones o títulos representativos de fondos propios a terceros. Se reforman las normas relacionadas con la creación de empresas con la única finalidad de transmitir posteriormente sus acciones, participaciones o títulos representativos de los fondos propios a terceros, especialmente en el marco de políticas de promoción empresarial y fomento de la actividad económica. En este sentido, se pospone el cómputo del plazo para el inicio de la actividad empresarial, a efectos de la revocación del NIF, y, a cambio, se establece la obligación de facilitar determinada información censal.

Exoneración de la obligación de presentar la declaración censal de alta. Se extiende la exoneración de la obligación de presentar la declaración censal en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores a todas las personas y entidades que puedan utilizar y utilicen el Documento Único Electrónico para el inicio de su actividad económica.

Declaración de operaciones con terceros. Se modifica la declaración anual de operaciones con terceros superiores a 6.000 euros que se perciban en metálico. Así, cuando las cantidades en metálico no puedan incluirse en la declaración del año natural en que se realizan las operaciones por percibirse con posterioridad a su presentación o por no haber alcanzado en ese momento un importe superior a 6.000 euros, los obligados tributarios deberán incluirlas separadamente en la declaración correspondiente al año natural posterior en el que se hubiese efectuado el cobro o se hubiese alcanzado el importe señalado anteriormente.

Dirección electrónica a empresas y particulares. Se regula la posible atribución de una dirección electrónica a empresas y personas físicas. En concreto, se establece que la Administración Tributaria podrá asignar una dirección electrónica a las personas jurídicas y a las personas físicas, siempre y cuando estas últimas formen parte de colectivos con capacidad técnica o económica para relacionarse sólo por Internet con la Agencia Tributaria.

QUE DOCUMENTACION HACE FALTA PARA UN PRESTAMO SOCIO-SOCIEDAD Y VICEVERSA ?

2010-03-31T09:05:00.000+02:00

Contablemente

Rige el principio de fondo sobre forma. Si de la falta de remuneración del crédito y falta de devolución por parte de la sociedad se deduce que el préstamo constituye una aportación, debe contabilizarse el mismo contra fondos propios. Si por el contrario existirá devolución, debe contabilizarse el préstamo a valor razonable, esto es, determinando el interés de la operación y contabilizándolo.

Fiscalmente

En todo caso, al tratarse de préstamo de socio a sociedad, debe valorarse a precio de mercado. Por tanto, deberá ajustarse la valoración en sede del socio y en sede de la sociedad hasta tributar en ambos a valor de mercado, que es el que establecería un banco si le solicitásemos un préstamo de un importe parecido.

Documentación

En los documentos en que figure el préstamo deberán constar los siguientes elementos:

Deberá en primer lugar señalarse el nombre, apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y CIF del obligado tributario y de las personas o entidades con las que se realice la operación, así como la descripción detallada de su naturaleza, características e importe.

Deberán contener un análisis de comparabilidad de la operación vinculada, que incluirá: las características específicas de los bienes o servicios objeto de las operaciones vinculadas; las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones objeto de análisis, identificando riesgos asumidos y en su caso activos empleados; los términos contractuales que se deriven de las operaciones, teniendo en cuenta riesgos, responsabilidades y beneficios asumidos por cada parte; las características de los mercados en los que se realiza la operación vinculada, además de otros factores económicos que puedan afectarles; y cualquier otra circunstancia que sea relevante en cada caso.

Una explicación relativa al método de valoración elegido, incluyendo descripción de las razones que han justificado tal elección, así como su forma de aplicación y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo.

Criterio de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente a favor de varias personas o entidades vinculadas, así como los correspondientes acuerdos de reparto de costes si los hubiere.

Cualquier otra información relevante de la que haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración de sus operaciones vinculadas.

Apunte. Las empresas de reducida dimensión y personas físicas tendrán que cumplir la primera y la última obligación de la lista, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo de valores derivados del mismo.

Los préstamos sin intereses de socio a sociedad son operaciones vinculadas que deben valorarse en todo caso a precio de mercado.

NOVEDADES IVA 2010

2010-03-04T14:20:00.000+01:00

En el año 2010 se han producido importantes novedades en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido. A las ya conocidas modificaciones del tipo impositivo del impuesto, y cuya entrada en vigor no está prevista hasta el 1 de julio de 2010, se han añadido otra serie de novedades debido a la aprobación de Dos Directivas de la Unión Europea, así como novedades de aspectos formales del impuesto.

TIPO GENERAL Y REDUCIDO

Con efectos desde el 1 de julio de 2010 se incrementan los tipos impositivos de acuerdo al siguiente esquema:

Tipo General Reducido

Hasta 30/06/2010 16% 7%

Desde 01/07/2010 18% 8%
El tipo súper reducido mantiene el tipo actual, el 4%.

NUEVA CATEGORIA DE EMPRESARIO O PROFESIONAL

Las Directivas introducen una nueva categoría de empresario o profesional únicamente a efectos de lo dispuesto en los artículos de la Ley del IVA referidos al lugar de realización de las prestaciones de servicios y del lugar de realización de los transportes intracomunitarios. A estos efectos se considera empresario o profesional las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales siempre que tengan asignado un NIF suministrado por la Administración tributaria española, y quienes realicen actividades empresariales o profesionales simultáneamente con otras que no estén sujetas al impuesto.

LUGAR DE REALIZACION DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS

Se establecen nuevas normas de localización de las prestaciones de servicios y afectan principalmente a las operaciones realizadas entre empresarios.

Hasta el 31/12/2009 existía una regla general, que en la práctica era de aplicación residual, y una serie de reglas especiales, que resultaban muy complejas en su aplicación. Desde el 01/01/2010 se modifica la regla general y se eliminan la mayoría de las reglas especiales. Con ello se pretende localizar las operaciones en el territorio donde se van a consumir, lo que implica la generalización del mecanismo de inversión del sujeto pasivo.

Las nuevas Reglas Generales de modo sencillo son las siguientes:

a) En las operaciones realizadas entre empresarios, aquellas se entienden realizadas en sede del destinatario.

1) Si un empresario español recibe un servicio de un empresario francés se entiende realizado en sede del empresario español, se produce la inversión del sujeto pasivo.

2) Si un empresario español presta un servicio a un empresario francés se entiende realizado en sede del empresario francés.

b) En operaciones realizadas entre empresario y el destinatario final no es empresario o profesional, se aplica la normativa del prestador del servicio.

c) Se excluyen los servicios que tienen por destinatario a particulares que residan en países terceros.Las Reglas Especiales tienen una aplicación mucho mas limitada, son de aplicación en todo caso las reglas generales salvo que se encuentren expresamente regulados en las reglas especiales, en caso de duda se aplicará la regla general.

SISTEMA DE DEVOLUCION DEL IVA SOPORTADO EN OTROS PAISES DE LA UNION

Se establecen dos regímenes diferentes de devoluciones:1) Devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en territorio de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Canarias, Ceuta y Melilla. Es el sistema que opera en la mayoría de los casos y el que desarrollamos a continuación.

1) Devoluciones a determinados empresarios o profesionales no establecidos en territorio de aplicación del impuesto y no establecidos en la Comunidad, Canarias, Ceuta y Melilla.
Para el caso del empresario español que soporta un IVA en otro país de la UE, por ejemplo un empresario español que soporta un IVA en Alemania, se deberán cumplir una serie de condiciones: Estar establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta…

2) No haber realizado en territorio de aplicación del impuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas distintas de las entrega de bienes y prestaciones de servicios y servicios de transporte y sus servicios accesorios.

3) No ser destinatarios de las entregas de bienes ni de las prestaciones de servicios respecto de los cuales se tenga la condición de sujeto pasivo (inversión del sujeto pasivo).

4) Cumplir con todos los requisitos y limitaciones para el ejercicio de la deducción.

5) Destinar los bienes y servicios adquiridos a la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción.

6) Presentar la solicitud de devolución por vía electrónica.

REGISTRO DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS

Será necesario darse de alta en el ROI tanto cuando se sea prestador de un servicio intracomunitario como cuando se sea receptor del mismo.

Para darse de alta el sujeto pasivo deberá emplear el modelo 036 de la Declaración Censal de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, modelo que está disponible en la página web de la Agencia Tributaria como en las respectivas páginas Web de las diferentes Diputaciones Forales.

Debemos señalar la importancia de figurar dado de alta en cualquiera de ambos casos:a) Cuando se perciben los servicios es lo que habilita que pueda producirse la inversión del sujeto pasivo y no soportar el IVA en el país del prestador.En otro caso se soportaría el impuesto y no habría derecho a la deducción del mismo por no cumplirse uno de los requisitos establecidos, no ser destinatario de la entrega o prestación de servicios respecto de los cuales se tenga la condición de sujeto pasivo.b) Cuando se prestan los servicios sin repercutir el IVA deberá asegurarse de que la persona a quien se presten los servicios es un sujeto pasivo en otro Estado miembro.

DECLARACION RECAPITULATIVA DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS. MODELO 349

A partir del 01/01/2010 además de las entregas y adquisiciones intracomunitarios se deberán incluir las prestaciones de servicios, tanto los prestados como los recibidos.
Se establece la obligación general de presentar declaración con carácter mensual ( la declaración del mes de julio se presentará en septiembre), día 20 en Territorio Común, día 25 en los Territorios Forales, salvo que el importe de las operaciones no supere los 100.000 €, en cuyo caso cabrá la presentación trimestral.

Señalar una cuestión formal muy importante, si durante el transcurso de uno de los cuatro trimestres anuales se supera el importe de los 100.000,00 € se deberá presentar en el mes en que se supere la declaración mensual junto al acumulado del periodo, y durante el resto del año persistirá la obligación de presentación mensual con independencia del importe.

APLAZAMIENTO DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS OPERACIONES INCLUIDAS EN LOS LIBROS REGISTRO. MODELO 340

La obligación de tener que presentar el modelo 340 junto con las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 303, quedan aplazadas hasta el 1 de enero de 2012.

Los empresarios y profesionales que estén incluidos en el Régimen de Devolución Mensual sí tienen la obligación de presentar el modelo 340 junto con la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido.

NOVEDADES TRIBUTARIAS CONTENIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE

2009-12-18T10:41:00.000+01:00

A continuación comentaremos, de manera resumida, las principales novedades contenidas en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el pasado 27 de Noviembre aprobó el Gobierno.

Con dicha Ley se pretende, entre otros aspectos: fomentar la competitividad, fortalecer la supervisión financiera, luchar contra la morosidad, aportar transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilitar la contratación público-privada.

Sin embargo, aunque la Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental; introduce significativas novedades en materia tributaria y en lo referente a la utilización de los medios electrónicos en el ámbito administrativo.

MEDIDAS FISCALES

Impulso a la I+D+i

-Se incrementa el porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% actual al 12%.
-Se incrementa el límite máximo de deducción que pasa a ser el 60% de la cuota íntegra minorada (hasta ahora el 50%), en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio).

Estas medidas se aplicarán a los ejercicios que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley.

Deducción por compra de vivienda habitual

Se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual, limitándola a las rentas inferiores a 24.107,20 euros. Cuando la base imponible sea inferior a los 17.707,20 euros se mantiene la situación actual, lo que permite una deducción en cuota del 15% de las cantidades pagadas en un año, con un límite de 9.040 euros al año. Entre los 17.707,20 y los 24.107,20 euros de base imponible, se aplicará una reducción gradual de forma lineal. Desaparece la Deducción por vivienda habitual a partir de 1 de Enero de 2011.

Los contribuyentes que adquirieron su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2010 podrán continuar con las deducciones del sistema actual.

Equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda

Se equipara fiscalmente la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda.

Se produce un alza de los importes de bases imponibles que otorgan derecho a la deducción por alquiler de forma análoga a la deducción por inversión en vivienda habitual. De esta forma, actualmente el arrendatario se puede deducir el 10,05% de los pagos de alquiler hasta un máximo de 9.040 euros anuales si su renta es inferior a 12.000 euros. A partir del 1 de enero de 2011, este límite de 12.000 euros pasará a ser de 17.707,20 euros. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros se reducirá gradualmente la base de la deducción y, los contribuyentes con bases imponibles superiores a 24.107,20 euros no podrán aplicarse la deducción.

Por otra parte, a partir de 2011 con el objeto de impulsar el alquiler, también se mejorará el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los arrendadores de inmuebles incrementándose del 50% al 60% el porcentaje de reducción en la declaración de la renta. Además, se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de la exención del 100% de las rentas de alquiler. Es decir, si hasta ahora se puede aplicar esta exención cuando se alquila a menores de 35 años, desde el 1 de enero de 2011, se aplicará a los alquileres a menores de 30 años, aunque aquellos propietarios que alquilen a un menor de 35 años antes del 31 de diciembre de 2010, conservarán la exención del 100% hasta que cumplan los 35 años.

Impulso a la rehabilitación

Se ampliarán los casos en los que se puede aplicar el IVA reducido en las obras de rehabilitación de viviendas.

Actualmente, únicamente se puede aplicar el IVA reducido a los trabajos de albañilería. Con esta ampliación se incluirían las reformas que tengan por objeto la eficiencia energética, el ahorro de agua o la accesibilidad de las viviendas para las personas con movilidad reducida. Esta medida conlleva que en la Ley también se incluya la ampliación del concepto de rehabilitación en el IRPF para que se puedan incluir tanto las rehabilitaciones estructurales de viviendas como las rehabilitaciones funcionales para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua y la accesibilidad de las viviendas.

Además, también a partir de la entrada en vigor de la Ley, se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012. La base anual máxima de deducción será de 3.000 euros y estará limitada en función de la base imponible del contribuyente, siguiendo los mismos tramos establecidos en la deducción por compra de vivienda habitual. Además, el límite máximo plurianual por vivienda será de 10.000 euros.

Mantenimiento de la deducción medioambiental

Se incorpora el mantenimiento con carácter indefinido de la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción estaba prevista que desapareciera en el año 2011. El porcentaje de deducción pasará del 4% al 8% y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.

Asimismo, el Gobierno se compromete, durante la Presidencia española de la Unión Europea, a impulsar la redefinición de la tributación energética para reforzar su carácter medioambiental.

Más progresividad en las retribuciones plurianuales

Se introduce una mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales al establecer un límite absoluto de 600.000 euros para aplicarse la reducción del 40% de la que se benefician los rendimientos con período de generación superior a dos años. De esta forma, hasta dicho importe se tendrá derecho a la reducción, pero ésta no se aplicará al exceso.

Por otra parte, se mantiene el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones concedidas a los trabajadores, si bien se les aplica también el límite de 600.000 euros.

Fomento del transporte público

Se establece la exención en el IRPF del cheque-transporte hasta un máximo anual de 1.500 euros

LEY DE SERVICIOS DE PAGO, VASO MEDIO LLENO O MEDIO VACIO ?

2009-11-19T09:20:00.000+01:00

Se ha aprobado la Ley de Servicios de Pago, una norma que aporta novedades en el uso los medios de pago más habituales: transferencias, domiciliaciones y tarjetas de pago.

Esta norma tiene como objeto adecuar las normas españolas a las comunitarias, para crear un marco jurídico común que facilite el funcionamiento del mercado único de los servicios de pago.

La nueva ley de Servicios de Pago afecta principalmente a los medios de pago más utilizados: transferencias, las domiciliaciones y las tarjetas. Éstas son las principales novedades:

Gastos compartidos

En España el ordenante asumía todos los gastos derivados de una operación. En el caso de las domiciliaciones, era la entidad emisora de los recibos la que asumía las comisiones por la domiciliación de sus recibos, mientras que en las transferencias era siempre el ordenante el que pagaba las comisiones.

Ahora, la nueva ley de Servicios de Pago establece como norma el criterio de gastos compartidos, de manera que cada parte deberá hacer frente a sus gastos.

A juicio de quattroasesoria, esta cláusula deja abierta la posibilidad de que las entidades puedan empezar a cobrar comisiones que hasta ahora no existían (por mantener recibos domiciliados, por recibir transferencias, etc.).

Descuentos o recargos en los comercios en función del medio de pago

A partir de ahora los comerciantes podrán cobrar suplementos o hacer descuentos por utilizar determinado medio de pago, una práctica que hasta ahora impedían los contratos entre emisores de tarjetas y comercios.

Para quattroasesoria, esta medida recogida en la nueva Ley puede ser discriminatoria para determinados medios de pago (por ejemplo, si se cobra más por pagar con tarjeta).

Devolución de recibos domiciliados

A partir de la entrada en vigor de la ley, el plazo para solicitar la devolución de los recibos es de ocho semanas, contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta, en lugar de los 30 días naturales que había hasta ahora.

La nueva ley establece condiciones para poder solicitar la devolución (antes no era necesario ningún requisito). Así, sólo es posible devolver el recibo cuando en la autorización no se especifique el importe exacto de la operación de pago y cuando el importe del pago supera el que el ordenante podía esperar, teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto y otras circunstancias. En algunos casos será posible la devolución sin tener que cumplir los requisitos, pero es preciso pactarlo así en el contrato.

Como se ve, una de cal y otra de arena en este campo.

Mas Seguridad para el Usuario

Entre las novedades de la ley hay medidas destinadas a mejorar la seguridad de los usuarios en la utilización de los medios de pago, una buena noticia a juicio de quattroasesoria.

Las entidades deben garantizar que los elementos de seguridad sólo son accesibles al titular. Por ello soportarán los riesgos derivados del envío de las tarjetas, los PIN de las tarjetas o las claves de acceso para poder realizar pagos a través de Internet.

Se prohíbe el envío de medio de pago no solicitados por el usuario.

Las entidades deben contar con medios adecuados y gratuitos para comunicar la pérdida, robo o uso indebido del instrumento de pago, y con registros que demuestren que se ha efectuado esa comunicación (durante al menos 18 meses).

Se establece legalmente el límite de responsabilidad del usuario por uso fraudulento de instrumentos de pago, quedando fijado en 150 euros. Hasta ahora la aplicación de ese límite era solo una recomendación de la Comisión Europea, por lo que algunas entidades no lo incluían en sus contratos y otras lo hacían, pero con restricciones.

El límite de responsabilidad se aplica a todos los instrumentos de pago. Por ejemplo a partir de ahora también están cubiertas las operaciones en cajero realizadas con libreta, hasta ahora excluidas.

NOVEDADES TRIBUTARIAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2010

2009-11-16T14:17:00.000+01:00

A continuación comentare, de manera resumida, las principales novedades contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2010.

Novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

• Se mantienen los tipos marginales del I.R.P.F. actualmente existentes (mínimo del 24 % y máximo del 43 %).

• Sin embargo, como ya se venía anunciando, se incrementa el tipo impositivo del ahorro del 18% al 19%, para los primeros 6.000 euros, y al 21%, a partir de los 6.000 euros. Dichos tipos, como no podía ser de otra manera para cumplir con la normativa europea, resultan también de aplicación para los contribuyentes para el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

• Se suprime la deducción por obtención de rendimientos del trabajo de 400 euros con efectos 1 de enero de 2010. Una enmienda de última hora mantiene sin embargo dicha deducción para las rentas inferiores a 8.000 euros y progresivamente se aplicara la misma a las comprendidas entre esa cantidad y los 12.000 euros. La aplicación de dicha medida se notará ya en la primera nomina del año 2010.

• Se establece una reducción del 20 por ciento del rendimiento neto de las actividades económicas, por mantenimiento o creación de empleo con efectos desde 1 de enero de 2009, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i) Que en cada uno de los períodos impositivos 2009, 2010 y 2011, el contribuyente en cuestión ejerza una actividad económica,

ii) que el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de actividades económicas que realiza sea inferior a 5 millones de euros.

iii) tengan una plantilla inferior a 25 empleados.

iv) y mantengan o creen empleo.

• Se eleva el porcentaje de retención del 18% al 19% en los rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva; en los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos; en los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual y/o industrial; así como de los arrendamientos de bienes muebles, negocios o minas y sobre las cantidades satisfechas en concepto de derechos de imagen a personas o entidades no residentes por los derechos de imagen, entre otros.

Novedades en el Impuesto sobre Sociedades

• Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2010, se establece que el tipo de retención será el 19%.

• Se establece un tipo de gravamen reducido para los períodos impositivos iniciados dentro de 2009, 2010 y 2011, por mantenimiento o creación de empleo si se cumplen los siguientes requisitos:

i) Entidades con importe neto de negocios en los mencionados ejercicios inferior a 5 millones de euros.

ii) Con una plantilla media inferior a 25 empleados.

La escala que se les aplicará será la siguiente:

i) Por la parte de la base imponible entre 0 y 120.202,41 €: 20%
ii) Por la parte de la base imponible restante: 25%

Todo ello condicionado a que durante los 12 meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos, la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad, ni inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir del 1 de enero de 2009.

En los casos en que la entidad calcule sus pagos fraccionados sobre la base del período a que se refiere cada uno de los pagos fraccionados, la escala no será de aplicación a la hora de cuantificar los pagos fraccionados.

Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido

• Con efectos desde 1 de julio de 2010 se establece que el tipo impositivo general será del 18%, mientras que el tipo impositivo reducido sube al 8%., manteniéndose el superreducido en el 4%.

• Se incrementa la compensación a tanto alzado aplicable en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones, que pasa a ser del 10%.

Novedades en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

• Se eleva el tipo de gravamen de las rentas del ahorro al 19% en relación con los beneficios transferidos al extranjero por un establecimiento permanente de entidad no residente, dividendos, intereses y ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones de elementos patrimoniales

ENTRA EN VIGOR A REBAIXA DA METADE DOS IMPOSTOS PARA FACILITAR O ACCESO Á VIVENDA DE MOZOS E FAMILIAS NUMEROSAS

2009-10-29T08:57:00.000+01:00

Esta diminución da carga fiscal ten carácter retroactivo desde o pasado 1 de xullo

No imposto sobre transmisións patrimoniais o tipo de gravame aplicable será do 4% e no de actos xurídicos documentados do 0,3%

Este beneficio tamén será aplicable ás sucesións de empresas para facilitar o cambio xeracional e o mantemento da actividade económica e do emprego

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o dia 28 de Outubre a reforma da Lei de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda e á sucesión empresarial.

A pesar de que entrará en vigor o 29 de Outubre, ten carácter retroactivo para as operacións realizadas a partir do pasado 1 de xullo. Os beneficiarios os menores de 36 anos de idade e as familias numerosas.
Con esta reforma o tipo de gravame aplicable no imposto sobre transmisións patrimoniais será do 4% -antes era do 7%-, mentres que no de actos xurídicos documentados será do 0,3%, fronte ao 0,75% vixente con anterioridade.
A Consellería de Facenda salienta a oportunidade da nova lei de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda porque nunha situación de crise como a actual cómpre introducir e manter estímulos fiscais para reactivar a economía.

Ademais, resalta que esta rebaixa impositiva responde a unha obriga constitucional, como o deber de promover as condicións favorables para o progreso social e económico no marco dunha política de estabilidade económica, de facilitar o acceso a unha vivenda digna e de asegurar a protección social, económica e xurídica da familia.

Facenda subliñou que o obxectivo perseguido é poñer recursos a disposición dos colectivos beneficiados (mozos e familias numerosas) co fin de facilitar o seu acceso á vivenda e engadiu que estas vantaxes limítanse en atención ao prezo de adquisición e aos niveis de patrimonio dos contribuíntes, así como mediante a súa incompatibilidade con outros beneficios fiscais establecidos pola comunidade autónoma con idéntica finalidade.

Na tramitación parlamentaria ampliáronse os beneficios fiscais aos supostos de sucesión de empresas para facilitar o cambio xeracional e o mantemento da actividade económica e do emprego, polo que vai contribuír á sostenibilidade das empresas en crise.

A medida en certo modo está beneficiando aos que máis capacidade teñen e aos que compren vivendas máis caras", mentres que os que teñen "realmente" dificultades no acceso á vivenda "quedan excluídos". Esta política vai resultar "ineficaz" para "favorecer o acceso á vivenda dos máis desfavorecidos" e o importe da desgravación "non vai supor unha rebaixa real do prezo da vivenda"

IGAPE-NUEVA AYUDA DE FINANCIACION AL CIRCULANTE

2009-10-26T09:36:00.000+01:00

El IGAPE ha publicado una nueva línea de financiación cuya finalidad es facilitar el acceso a la financiación para circulante de los autónomos y las microempresas. Podrán acceder a las líneas de financiación previstas en las bases aquellas empresas con domicilio fiscal en Galicia, que tengan la consideración de microempresas, y que tengan algún centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia.

También podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas según los términos recogidos en el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del trabajo autónomo. Las operaciones acogidas a estas bases serán pólizas de préstamo o crédito nuevas, excluyéndose expresamente la sustitución de créditos bancarios preexistentes, con las siguientes condiciones financieras:

a) Importe mínimo será de 3.000 € y el máximo de 40.000 €.

b) Plazo de vigencia: tres años.

c) En el caso de préstamos, el primer año será de carencia. En el caso de pólizas de crédito, el saldo máximo disponible inicial se mantendrá durante el primer año

d) El tipo de interés nominal anual para las operaciones de crédito acogidas a este convenio será variable por semestres naturales

e) Los fondos dispuestos de estas operaciones deberán ser utilizados para la financiación de circulante, entendiendo como tal el pago de nóminas de trabajadores, impuestos, seguridad social, alquiler, leasing, proveedores, acreedores por prestación de servicios, reparaciones, cuotas de deudas bancarias a L/P en el momento de su vencimiento y cuotas de leasing

f) Las garantías a favor de las entidades financieras serán el aval de la sociedad de garantía recíproca adheridas al convenio por el 90% del riesgo

g) Las garantías a favor de la SGR serán el reaval del Igape en cobertura del 25% del riesgo

El plazo de presentación de solicitud finaliza el 30 de Diciembre 2009

AXUDAS A CONTRATACION DO CONCELLO DE VIGO

2009-09-28T08:51:00.000+02:00

Sairon publicadas as Bases reguladoras e Convocatoria do ano 2009 do Programa de Axudas a contratacion, no marco do PLAN MUNICIPAL DE EMPREGO-PME DO CONCELLO DE VIGO, BOP 24 DE OUTUBRE DE 2009)

A finalidade destas axudas é o fomento da contratacion de persoas que particiopen ou oubesen participado nalgunha das accions ou programas da Conselleria de Promocion Economica Emprego e Participacion Cidadá do Concello de Vigo.

As subvencions eiqui convocadas poderan beneficiar as contratacions que, reunindo os requisitos estabrecidos haxan formalizado no periodo comprendido entre o 16 de setembro do 2008 e o 15 de setembro de 2009.

Insertamos enlace o BOP no que saen pubricadas as bases: BOP

EMBARGO DE CUENTAS AUTOMATICO PARA DILIGENCIAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA HASTA 20.000 EUROS

2009-09-23T08:49:00.000+02:00

Una Resolucion de la Agencia Tributaria establece el procedimiento por medios telematicos el embargo de dinero en cuentas bancarias para diligencias de cuantía igual o inferior a 20.000 euros.

Esta medida publicada en el BOE del pasado 22 de julio, supone que en menos de 2 años se han quintuplicado la cantidad que la Agencia Tributaria puede embargar de manera directa de las cuentas bancarias sin necesidad de iniciar el procedimiento judicial (con anterioridad a la citada Resolucion el límite era de 6.000 euros, el cual ya habia sido aumentado de los 4.000 euros vigentes hasta la Resolucion de 20 de Diciembre de 2007).

Esta medida que ha entrado en vigor el 1 de Agosto prevé que en un plazo de 1o días pueda verse culminado el proceso de embargo iniciado por la Agencia Tributaria y ejecutado por las entidades financieras colaboradoras.